La guerra sucia emprendida desde hace varios años por Estados Unidos y su anillo de países latinoamericanos satélites contra Nicolás Maduro -presidente socialista de Venezuela, sucesor de Chávez tras su temprana muerte y electo luego en comicios presidenciales, como aparentemente sucederá con más contundencia aún en los comicios de abril próximo-, parece recrudecer en esta época bajo la égida de Trump, el desorbitado supremacista blanco presidente de EE. UU., quien dijo no hace mucho que su país tiene varias opciones para Venezuela, sin descartar la opción militar. Barajar esas opciones parece haber sido el propósito principal de la entrevista que en las afueras de Buenos Aires tuvieron el lunes el secretario de Estado de EE. UU., Rex Tillerson, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, como lo confirmaran en rueda de prensa, anunciando que estudian medidas para presionar a Maduro a fin de que regrese a un “régimen constitucional”. Habría que empezar por pedirles que aclaren a qué régimen constitucional se refieren (argentino o norteamericano), porque evidentemente no es al de la Constitución venezolana, que Maduro siempre ha respetado. Una perla más de la manifiesta animadversión del derechista Macri contra el régimen socialista venezolano y “chavista”, que se exacerbará sin duda en la próxima reunión del Grupo de Lima, la flor de la derecha continental latinoamericana.

Tillerson reveló además que analizan “sancionar el petróleo venezolano” prohibiendo su venta en EE. UU. y negándose a “refinar productos que vengan de Venezuela”. El pasado agosto la Casa Blanca ya impuso sanciones a ese país y a su petrolera Pdvsa. Por ello la Administración de Maduro acusó al gobierno estadounidense de imponerle un “bloqueo financiero”, que castiga al pueblo venezolano, que sufre una apremiante necesidad de medicinas debido al bloqueo de las farmacéuticas de EE. UU. y sus aliados de la UE, culpables, entre otros casos, de los seis pacientes muertos en 2018 por falta de tratamiento de diálisis en forma oportuna en Zulia y Cojedes. Ese boicot de medicinas e insumos médicos los incrimina en delitos de lesa humanidad, de los que tendrán que responder en primer lugar ante su propia consciencia y condición humana.