Se puede diferir de este titular. Pero lo cierto es que la perturbación y el microtráfico tienen sitiada a la ciudad. Los habitantes de sus diferentes sectores, ciudadelas, centros comerciales, almacenes, negocios comunes, etc., se preguntan si todavía se puede vivir en paz y hacer una economía para prosperar, en una urbe que prácticamente ha sido “tomada” por la delincuencia.

Los hechos de violencia y crímenes efectuados por bandas delictivas a un emprendedor y hombre honrado de negocio en Urdesa, así como los continuos asaltos a restaurantes, almacenes y centros comerciales reflejan una situación que parece “insostenible”.

Un ejemplo: la acción insólita de avezados ladrones, que en un cambio de luz del semáforo, en el malecón, amenazaron con asesinar a una dama. Esto dice mucho respecto al grado de peligrosidad con que las bandas operan y de cuán desprotegida está la ciudadanía.

Las tomas del 911 de asaltos cotidianos, los videos que circulan en redes sociales y las denuncias diarias que llegan a la Fiscalía, de centenares de habitantes atracados, amenazados y hasta heridos, porque los delincuentes han llegado a niveles insólitos, evidencian una vida social que parece que los ciudadanos no la tienen asegurada ni es protegida adecuadamente por parte del Estado.

La delincuencia en lo que va del año ha sido pertinaz, dinámica, osada y violenta. Ha realizado 11.670 acciones: 8.703 robos, 354 asesinatos, 221 homicidios, 2.028 casos de tráfico de drogas , 364 violaciones sexuales.

Hay casos insólitos en que la policía los apresa, y sin embargo, el sistema judicial permisivo termina liberando a la mayoría de estos delincuentes y criminales. Los jefes policiales dicen que algunos de estos truhanes han sido apresados varias veces, no obstante, salen pronto en libertad.

¿Quién protege la vida del ciudadano ante el azote delincuencial que gobierna las calles? La policía cumple su oficio pero la justicia no responde como debiera. Incluso se da el caso de algunos que hasta habiendo atentado contra la vida de policías, han sido sancionado por los jueces por delitos menores y han salido de prisión inmediatamente. Qué hacer frente a esto es lo que se pregunta toda la ciudadanía. Es de esperar que el Estado responda a este clamor, a esta demanda de la sociedad, garantizando la seguridad a la que constitucionalmente tiene derecho.