La dolarización no necesita de ninguna protección. El único requerimiento de convivencia y preservación de esta es la disciplina e integridad fiscal, atributos que brillan por su ausencia desde hace once años. El anterior gobernante atropellaba, este pretende comernos al cuento: pero los dos son cortados con la misma tijera. Creyentes como son de la supremacía del Estado, el plan de “restauración” económica es una tomadura de pelo fiscal: más para el Estado depredador y que lo paguen quienes producen.

Es una actitud digna de guasones. En aparente acción de recularse, se anuncia que suben los saldos que pueden ser girados en efectivo (para algunos), o que los umbrales de las ventas suben para paliar los efectos nocivos de los anticipos a la renta (dejando en la misma condición a quienes emplean al 80 % de la fuerza laboral). Sin embargo, quienes poseen un RUC deben aceptar el pago en dinero electrónico, quiéranlo o no; para embutir el uso de tal instrumento, el ministro usa el falaz argumento del costo de los billetes y monedas (que son los medios de pago que constituyen el menor componente) del dinero, y al hacerlo confunde el concepto de costo con el requerimiento de capital operativo.

Los “diez centavitos” son la cereza del pastel. Se da paso a que la Aduana cobre por prestar un servicio inexistente para, supuestamente, combatir el contrabando que la misma estructura arancelaria provoca. Con exquisito cinismo se argumenta que son los objetivos de equidad y protección de los empleos los que animan la acción gubernamental, olvidando que es el proteccionismo la causa de que el país quede estancado en el fango de los intereses creados y del capitalismo alcahuete, precursores ambos de la desigualdad de los ingresos, de la carestía de la vida, y de la presión sobre la balanza comercial.

La solución fiscal de la “economía al peso” se basa en normas de interpretación discrecional y sin ningún asidero técnico. Los bienes de capital, que son los instrumentos del crecimiento económico, serán castigados por ¡su peso! con la consecuente postergación de las decisiones de inversión. En el escenario extremo, si alguien debe importar un barco para la flota pesquera deberá, literalmente, ponerlo en una báscula y ¿pagar a razón de diez centavos por gramo de masa?; o qué tal con la importación de los aviones requeridos para mejorar la calidad del servicio aéreo: ¿también deberán ser pesados? No hablemos de los tractores e implementos agrícolas; de los vehículos de transporte de carga o pasajeros; de los equipos para la minería y el sector petrolero que se quiere desarrollar; de las dragas y las grúas para el desarrollo portuario; y de todos los implementos requeridos para producir y progresar.

Los guasones han hallado la fórmula para seguir gozando de las prebendas que otorga la economía hiper-burocrática, que es la marca del SSXXI y del estado central. En ausencia de pruebas de ajuste fiscal y con un presupuesto viciado de defectos desde su origen, lo que concluimos es que se alimenta, al igual que en las épocas de Correa, al estado voraz y se sigue sosteniendo el boato de sus más conspicuos miembros a costa del trabajo de los demás.