Los guardaespaldas del poder prenden el debate

Un debate caliente. A menos de veinte días de pasar la página a la era del correísmo, la protección presidencial y posterior al ejercicio toma relevancia. La reciente firma del decreto presidencial para proporcionar seguridad nacional a los expresidentes, exvicepresidentes, sus esposas e hijos coincide con el debate legislativo sobre la creación de un cuerpo para la protección del primer mandatario.

Ambas medidas suman críticas y elogios en torno a dudas y preocupaciones. El experto en seguridad, Ricardo Camacho, considera positiva e interesante la creación de un servicio de protección pública siempre que responda a un criterio básico y fundamental: estará a servicio de la nación y no del Gobierno de turno. “He escuchado temores no solo de asambleístas, sino de la ciudadanía sobre si serán (los que integren el cuerpo) esos del pícnic. El perfil de la selección debe ser fundamental”, comentó.

Entre uno y dos años estima el experto que tomaría la integración de la unidad a un ritmo acelerado, el mismo que lleva la Comisión de Relaciones Internacionales que sesionará hoy para continuar con el debate del Código de Entidades de Seguridad. Sería la primera vez en los cuatro años de periodo que la sesión será un sábado, según su integrante y asambleísta Diego Salgado.

La protección para los expresidentes es vista por Camacho como una forma de normar lo que antes era la buena voluntad del Estado o un pedido de los exmandatarios, aunque llama su atención que el decreto coincida con la víspera del retiro del presidente Correa.

Quien no concuerda con el experto en seguridad es el exjefe de Estado, Lucio Gutiérrez, al calificar el decreto como un abuso de recursos públicos. “En Ecuador no es necesario (la seguridad para expresidentes). No he necesitado guardaespaldas para los trámites y desplazamientos que realizo en todo el país. Cuando uno tiene la conciencia tranquila puede caminar sin problema”.

En lo que sí coinciden ambos es en la duda sobre si la seguridad para Correa también rige en el exterior, por ejemplo, en Bélgica donde pretende residir con su familia luego de abandonar el poder. El decreto del pasado 3 de mayo no precisa nada al respecto.

El detalle

El experto en seguridad, Ricardo Camacho, calcula que el servicio de protección pública debería contar con no menos de 300 miembros.