Se fue exasperando aún más los ánimos. “Señor secretario, se suspende la sesión ¡buen feriado!”, fueron las palabras, casi festivas, de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la noche del jueves, segundos después de que se constató que no hubo los votos para allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de Violación, como pedía la correísta Pierina Correa.

Llori tampoco permitió que se trate una segunda moción presentada por el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, quien proponía que la Asamblea se ratifique en los textos planteados por esa mesa legislativa y que distan de forma notoria con el veto del presidente Guillermo Lasso. “El documento (de moción) fue ingresado el 5 de abril y teníamos los 92 votos”, aseguró Jaramillo.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si la Asamblea Nacional no considera la objeción o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó a las observaciones, y el presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial. El plazo terminó ayer.

Llori revivió las abruptas suspensiones de las sesiones del pleno que se intensificaron desde el 24 de febrero, cuando se intentó crear una comisión pluripartidista evaluadora y se apeló su presidencia. No solo que no se abordó el tema de la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de Violación, sino también el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con esta última acción, los detractores de la presidenta de la Asamblea aseguran que está claro que Llori actúa en favor del Gobierno, por lo que ratifican la necesidad de ejecutar la evaluación por supuesto “incumplimiento de funciones”, que es una de las acusaciones en su contra.

La legisladora Patricia Sánchez, disidente de Pachakutik, preguntó si a estas alturas a alguien le queda duda de que Llori responde al presidente Lasso y no a la Asamblea. Rechazó que no haya habido debate, que se haya llamado a los legisladores al filo del plazo y todo se haya hecho al “apuro” para que finalmente se impongan las observaciones del Gobierno.

Horas antes, la asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, ya advertía que todas estas acciones de la presidenta Llori la obligaban a convocar, cuanto antes, a una nueva sesión del pleno para concretar la conformación de la comisión evaluadora, tal como resolvió el Consejo de Administración Legislativa (CAL), a inicios de esta semana, cuando se calificó la denuncia presentada por el socialcristiano Esteban Torres.

Esto hace prever que la semana que viene estará marcada por los pedidos y exigencias para que Llori dé paso a la propuesta de sus detractores para que se evalúe su trabajo y eventualmente se sugiera su remoción del cargo.

En la otra orilla, la bancada oficialista justificó lo sucedido. El coordinador Juan Fernando Flores calificó como “allanamiento tácito” el hecho de que la Asamblea no se haya pronunciado y aseguró que lo que sucedió la noche del jueves era algo que se veía venir desde el 5 de abril, cuando 75 legisladores decidieron votar por enviar el veto a la Corte Constitucional (CC) que calificó el acto como “improcedente”.

Un cruce de versiones

Guadalupe Llori lo niega. La presidenta de la Asamblea Nacional aseguró ayer, a través de las redes sociales, que no había más mociones que la presentada por Pierina Correa para allanarse a la Ley de Interrupción del Embarazo por Violación.

Esto, pese a que el legislador Alejandro Jaramillo hizo público el documento que respaldaría su pedido de moción en el que proponía ratificarse en el texto que ya fue aprobado por la Asamblea en febrero pasado.