Anudaron los pañuelos verdes, principal insignia del movimiento proaborto, a las escalinatas de la Corte Constitucional en Quito. El pedido de un grupo de mujeres se hizo escuchar la tarde del jueves 14 de noviembre acompañado de tambores.

“Las niñas son niñas, las niñas no son madres”, gritaban en los exteriores de esa dependencia, en la que se analiza el veto Ejecutivo que cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que detalla los casos en los que el aborto no es punible. Ahora, la Corte Constitucional tiene 30 días para emitir su decisión.

Actualmente, en el país solo se permite el aborto si una mujer violada tiene alguna discapacidad mental o si está en peligro su vida. Si el aborto sucede en otras circunstancias, la mujer que lo consciente se enfrentaría una pena privativa de libertad desde seis meses hasta dos años, según el artículo 149 de la misma normativa.

La organización feminista Surkuna refiere que, al menos, 326 mujeres han sido criminalizadas por abortar. Esto a diferencia de Uruguay, país que permite el aborto en cualquier caso sin restricción, seguido de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia, que lo aprueban cuando hay violación o incesto.

El plantón de la tarde del jueves no es la primera manifestación que se realiza sobre el tema, ya que el pasado 31 de octubre, quince organizaciones defensoras de los derechos de la mujer entregaron en la Corte Constitucional de Ecuador una solicitud de audiencia para esgrimir sus alegatos a favor del aborto por violación.

Según Surkuna, el organismo tiene la potestad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la penalización del aborto. Existen suficientes argumentos para declarar inconstitucional, al menos en casos de violación.