Después de que el domingo pasado Julian Assange filtrara la novena entrega de correos de John Podesta, actual jefe de campaña de la candidata demócrata a la Presidencia de EE. UU., Hillary Clinton, al día siguiente en el local de la Embajada de Ecuador donde se encuentra refugiado desde hace más de cuatro años, una entidad no identificada cortó el acceso a internet del fundador de WikiLeaks, según denunció esa organización en su cuenta en la red social Twitter, agregando la página que “puso en marcha los planes de emergencia adecuados”. La cancillería de Ecuador admitió recién el martes, mediante comunicado de prensa, ser la responsable del insólito hecho. Ahí se especifica que “Ecuador, en ejercicio de su derecho soberano, ha restringido temporalmente el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en su embajada en el Reino Unido”. La razón sería la publicación por el portal que dirige Assange de “una gran cantidad de documentos que tienen un impacto sobre la campaña electoral en Estados Unidos”, asegurando que el Gobierno ecuatoriano respeta “el principio de no intervención en los asuntos de otros países, no se inmiscuye en procesos electorales en curso ni apoya a un candidato en especial”, de donde su decisión de cortar la internet de Assange es soberana y “no cede ante presiones de otros países”.

El boletín destaca también que nuestro país respeta la libertad de expresión y reitera su “tradición de defensa de los derechos humanos, especialmente con las personas víctimas de persecución política”, al tiempo que reafirma el asilo concedido a Assange. Pero son precisamente estos postulados los que infringe el Gobierno de Ecuador a través de una increíblemente desacertada decisión del canciller Guillaume Long, a quien teníamos por un hombre inteligente y buen prospecto de joven líder de la Revolución Ciudadana. ¡Qué decepción! Porque cortar la principalísima fuente de datos que es internet a un periodista de investigación, así no tuviera la talla y trascendencia de Assange, es atentar contra el derecho a la información, en su caso, fundamental en el ejercicio de su profesión y desde luego, coartar de la manera más crasa su libertad de expresión. Los políticos deben cuidarse, por lo menos, de no parecer cínicos.

colaboradores@granasa.com.ec