los esfuerzos del Ecuador y su Policía Nacional en el combate al narcotráfico acaban de ser reconocidos por el Gobierno de los Estados Unidos. En medio de tantas noticias negativas es conveniente, aunque fuese por razones de salud mental, destacar un asunto que puede asumirse con satisfacción. Sin embargo, el propio ministro del Interior, que recibió la distinción otorgada por la DEA, acaba de señalar el exiguo porcentaje de casos que luego de las capturas efectuadas son judicializados.

El asunto, sin asimilarlo a una denuncia, debe tratarse en condición de tal. No es posible admitir que todo el esfuerzo policial, con riesgo de la vida de los miembros de la institución, se frustre en razón de la inercia evidenciada por la administración de justicia.

Conociéndose muy bien, por la experiencia en otros países azotados por el flagelo del narcotráfico y por la propia, que dicha criminal actividad se vale del poder económico que genera para infiltrarse en todos los estamentos de la sociedad de que se trate, no es posible hacer oídos sordos a lo planteado por el ministro Serrano.

Si el Ecuador está de manera tan frontal, como ha señalado la agencia encargada de esa actividad en los Estados Unidos, empeñado en el combate al narcotráfico, resulta elemental presuponer que ello involucra un esfuerzo coordinado interinstitucional pero, pareciera que así no ocurre.

Resulta entonces urgente exigir que se conozcan las razones para que no exista un tratamiento prioritario, como el que le otorga a la atención de dicho grave problema la Policía Nacional, entre los jueces encargados de la administración de la justicia.

El asunto no es un tema menor. Si, al parecer, se ha logrado mantener a los servidores policiales alejados de la influencia corruptora del dinero sucio procedente de la comercialización de estupefacientes, cabe esperar que la situación no sea distinta entre los funcionarios judiciales en razón de causa alguna.

Ni la corrupción ni el miedo pueden tolerarse como razones de mal comportamiento y lo óptimo sería que con ninguna de ellas se pretenda explicarlo.

Tiene ahora la palabra la función Judicial. Lo aseverado por el ministro Serrano merece una clara y rotunda explicación y más que eso: tomar los inmediatos correctivos para que se pueda confiar en la coherencia de lo público.