El Gobierno traza una nueva cancha para la comunicacion
Opinión. El Gobierno pedirá una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la calificación de servicio público que está en la Constitución.
La oposición quería derogar la Ley de Comunicación. El Ejecutivo optó por una reforma que plantea cambios conceptuales y estructurales. La idea central: alejarse del esquema que impuso el expresidente Rafael Correa. La norma vigente, reconoce ahora el Gobierno, “contraviene expresas disposiciones de la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana”.
En lo de fondo, Lenín Moreno da marcha atrás (al menos, en el proyecto de reforma porque también está en la Constitución) al concepto de la comunicación como un “servicio público”. El Estado ahora reconoce que la ley versa sobre el ejercicio de un “derecho”.
La segunda gran ruptura con la ley vigente es el reconocimiento de la normativa internacional sobre libertad de expresión, incluyendo la Declaración de Chapultepec, así como toda la jurisprudencia emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese había sido un pedido de colectivos y organizaciones de medios y periodistas durante los últimos cinco años.
Entre los cambios estructurales, Moreno ensaya una propuesta para eliminar los temas más polémicos. Como se había anunciado, se suprimirá el linchamiento mediático. En 2013, esta figura legal fue incorporada (a última hora) en el texto de la ley por iniciativa de María Augusta Calle, exasambleísta de Alianza PAIS y actual embajadora de Ecuador en Cuba.
Otro capítulo que se cerrará es la existencia de la Superintendencia de Comunicación. Moreno propone que las tareas de esta entidad (tristemente célebre por la gestión de Carlos Ochoa, quien fue destituido por la Contraloría por las irregularidades en su paso por el canal incautado GamaTV) sean asumidas por la Defensoría del Pueblo.
Andrés Michelena, secretario de Comunicación, asegura que no se pretende crear una ‘mini Supercom’, sino llevar la protección de los derechos de los ciudadanos a la instancia correspondiente.
La Defensoría, según la propuesta, será la encargada de tramitar los reclamos que existan en contra de los medios de comunicación. Podrá emitir medidas de protección y restitución de derechos (que serán de cumplimiento obligatorio) o solicitar el juzgamiento y sanción ante los jueces civiles o penales, en caso de delitos. Edison Toro, coordinador jurídico de la Secretaría de Comunicación, precisó que será únicamente el juez el que, en esos casos, defina las acciones de reparación integral o las posibles multas.
En la Asamblea, Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) advirtió que la reforma tendrá que establecer con precisión el alcance que tendrá la Defensoría, para evitar que se replique el régimen sancionador. Según sus cálculos, los ciudadanos que presenten un reclamo tendrán incluso una respuesta más ágil: unos 26 días término, en promedio. La Supercom se tomaba mínimo 100 días.
La Supercom debería desaparecer en un plazo de 180 días después de la aprobación de la ley. “No hay control, no hay sanción, sino que se protegen derechos”, insiste Michelena. En el esquema propuesto, se eliminan las sanciones administrativas y económicas a los medios.
Interés público
Se elimina la disposición que decía que los medios “tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público”. Eso dio paso a sanciones.
Defensor
Se deroga el artículo 73 que plantea que los medios deben contar obligatoriamente con un defensor de audiencias y lectores, designado por concurso público.
Educación
Los medios audiovisuales ya no tendrán que destinar una hora, no acumulable, para programas de teleeducación, cultura, salubridad y derechos.
Publicidad
Los medios locales y regionales participarán en, al menos, el 10 % de la contratación de publicidad oficial. Los privados ya no tendrán esa obligación.
Frecuencias
Las 14 nacionalidades indígenas accederán, directamente, a una frecuencia. En los concursos, no competirán medios privados versus comunitarios.
Públicos
En las reformas se plantean dos categorías: medios de la ciudadanía (Ecuador TV, El Telégrafo y Radio Pública) y los medios institucionales.
