El Gobierno vuelve a dar un paso en su política económica. Esta vez, sin embargo, es un paso pequeño que intenta no incomodar a ningún sector. La reforma tributaria se iba a presentar ayer en la Asamblea Nacional y, tal como informó el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, tiene importantes cambios si se compara con el anuncio que hizo 1 9 días atrás.

Se disminuyeron cargas, desaparecieron beneficios y se ajustaron metas. Con el nuevo texto, que tiene el carácter de Económico Urgente y debe tratarse en 30 días, se espera obtener hasta 532 millones de dólares anuales.

El monto representa una reducción de las aspiraciones que tuvo el Gobierno a inicios de mes, antes del levantamiento indígena y las protestas violentas en todo el país. El 1 de octubre, las autoridades esperaban recaudar unos 2.000 millones de dólares con una reforma tributaria más extensa, cambios laborales y la eliminación de los subsidios a la gasolina extra, ecopaís y al diésel.

Ahora, según confirmaron las autoridades, ninguno de esos componentes están contemplados, al menos, en el corto plazo. El documento que debía llegar en la noche a la Asamblea Nacional no hace ninguna mención a una reforma laboral.

Evidentemente, por lo acordado con el movimiento indígena la noche del domingo, tampoco se eliminarán subsidios sin un análisis previo de su racionalización y focalización. En dicho análisis, sin embargo, no solo estarán los dirigentes indígenas. La conversación se ampliará a otros actores de la sociedad.

En materia laboral, en cambio, el gabinete eliminó de sus alternativas la transformación de la jubilación patronal en un fondo de pago mensual para el trabajador. Ese punto fue elogiado por el sector privado y hasta por colectivos de trabajadores que no están asociados al Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Ese sindicato, pese al respaldo de varios sectores, se opuso a la propuesta.

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Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, estuvo a favor del cambio en la jubilación patronal porque aseguró que en su sector hay empresas que tienen pasivos laborales más grandes que la nómina de trabajadores activos.

Retirar las reformas laborales tiene como objetivo evitar paralizaciones y manifestaciones que puedan convertirse en un punto de encuentro para grupos políticos violentos que vuelvan a caotizar el país. Esos son identificados por el Gobierno como promotores de un golpe de Estado.

Incluso, la propuesta de crear un bono de 20 dólares para los empleados privados -que debía ser pagado por los empresarios- fue descartado. Moreno hizo ese ofrecimiento en medio de las protestas para calmar los reclamos por la eliminación de subsidios.

Tampoco se busca enfadar a los servidores públicos. El Ejecutivo decidió dar marcha atrás en su propuesta de descontar un día de salario al mes a los trabajadores de empresas públicas, durante tres años.

Tampoco se les retirará 15 días de vacaciones. La burocracia tiene 30 días de vacaciones al año. En el sector privado ese derecho es de solo 15 días.

La reforma laboral, descartada temporalmente, también contemplaba la reducción del 20 % del salario en los nuevos contratos ocasionales y nombramientos provisionales dentro del Gobierno. La medida que iba a ayudar a reducir el enorme gasto corriente del Estado (más de 9.000 millones de dólares al año) pero ya no es parte del paquete. Ahora se buscará dialogar con los funcionarios estatales antes de poner en marcha las ideas.

Según las autoridades de Gobierno, el freno en la reforma laboral no será definitivo. Se realizará un diálogo para socializar las propuestas y buscar nuevas perspectivas que mejoren el documento planificado. El diálogo, conoció EXPRESO, no duraría más de cuatro semanas. El plan estatal es contar con esa reforma en este año.

En la cadena presidencial, Moreno invitó a que ese diálogo incluya a los ecuatorianos sin empleo. Según dijo, las reformas deben apuntar a apoyar a ese segmento.