
Al Gobierno le urge que la ley rija para adquirir mas deuda
El ministro Martínez señaló que es necesario que la ley económica esté vigente para conseguir financiamiento. La caja fiscal requiere liquidez.
Es apremiante. El Gobierno requiere que el proyecto de Ley de Fomento Productivo esté en plena vigencia para poder conseguir más deuda y así aliviar la necesidad de liquidez de la caja fiscal.
Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sostuvo que en el corto plazo el Gobierno necesita que la ley se apruebe para poder emitir más deuda.
“Aquellos tenedores, banca de inversión, organismos multilaterales van a tener tranquilidad, una vez aprobada la ley, de que sus tramos de deuda no están sobre el 40 % (del PIB). Por eso es importante que se apruebe la ley lo antes posible. Se necesita financiamiento este y los próximos años”, dijo.
El pasado miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea el veto al proyecto de Ley de Fomento Productivo. El Legislativo tiene 30 días para ratificarse en el texto que aprobó o allanarse al veto presidencial con sus observaciones.
El veto presidencial contiene pocas sorpresas. El mandatario se concentró en proponer más reglas para corregir el problema fiscal que no le deja dormir al equipo económico.
Analistas, cámaras de empresarios y actores de los mercados internacionales habían cuestionado la falta de claridad del Gobierno para alcanzar su meta de déficit primario cero para 2021.
Es decir, en términos generales, Moreno y su equipo económico se plantearon como objetivo que en tres años todos los gastos que tiene el Gobierno sean cubiertos en su totalidad por sus ingresos, sin tomar en cuenta el pago de los intereses de la deuda pública.
Por ejemplo, el año pasado, los ingresos no alcanzaron a cubrir los gastos y se generó un hueco que superó los 7.000 millones, conocido como déficit fiscal. Para cubrir ese bache, el Gobierno ha tenido que pedir prestado dinero.
Pero Moreno también se anticipa en caso de que no pueda conseguir su objetivo de déficit cero y propone aplazarlo si suben los gastos del Gobierno inesperadamente.
Pero aclara que subir los gastos solo será factible en algunos casos: si ocurrieren catástrofes naturales, si hubiese una recesión económica grave o un desequilibrio en el sistema de pagos o situaciones de emergencia nacional.
Para suspender las reglas trazadas, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. También se pueden suspender las reglas si el presidente declarara un estado de excepción.
Martínez explicó ayer que si bien en los próximos tres años se quitó el techo de la deuda, porque ya sobrepasó el 40 % respecto al Producto Interno Bruto (PIB), cada año se deberá presentar un plan de sostenibilidad para bajar ese nivel.
Martínez añadió que en este período (2017-2021) no se reducirá la deuda a menos del límite legal del 40 % del PIB y que ese proceso tomará más de cinco años y todo dependerá de cómo se presenten los presupuestos año a año.
En el contexto de seguir poniendo la casa en orden, Moreno también incluyó una observación en su veto que obliga al Banco Central del Ecuador (BCE) a deshacerse de acciones de bancos públicos que recibió como pago por las deudas que mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Si bien en el texto original del proyecto de ley se estableció que estas transacciones quedan prohibidas, el mandatario propone una alternativa para sanear las cuentas del BCE.
El año pasado, el MEF le pagó más de 2.137 millones de dólares que le adeudaba con papeles de la Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).
En los plazos que defina la Junta de Política y Regulación Monetaria, propone el veto presidencial, el MEF comprará con bonos del Estado.
Los incentivos
Renta
Se exonera de Impuesto a la Renta a las nuevas inversiones productivas que se inicien dentro de los 24 meses. En los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo, en frontera la exoneración es de 15 años.
EL ISD
La exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) aplica en contratos de inversión e importación de bienes de capital. Se elimina: siempre que no exista producción nacional.
Seguros
Se eliminó obligación de que “entidades nacionales y extranjeras que ofrecen servicios de seguro en el país, cuenten con líneas de seguros agropecuarios, para todos los sistemas, tipos de producción y productos”.
Empresarios
Preocupación por arbitraje nacional
En términos generales, los empresarios recibieron con satisfacción el veto presidencial al proyecto de Ley de Fomento Productivo.
Sin embargo, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), sostuvo que “un proyecto de ley no va a solucionar los problemas estructurales que tiene el Ecuador”.
Además señaló que es contradictorio que el veto presidencial no permita arbitraje internacional para las nuevas inversiones.
El veto propone arbitraje para contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares. Los organismos del Estado podrán pactar arbitraje en derecho de acuerdo al ordenamiento jurídico.
Pablo Arosemena, quien ayer asumió la presidencia de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (Fedecámaras), sostuvo que se requerirán más proyectos de ley para mejorar la situación económica del país.
La ley económica queda corta y se requieren nuevas iniciativas. SAM
Nuevos rubros a la deuda
El veto también incluye una nueva definición sobre deuda pública.
Este comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones y organismos del sector público provenientes de contratos de mutuo; colocaciones de bonos y otros valores, incluidos las titularizaciones, las cuotas de participación; los convenios de novación o consolidación de obligaciones, entre otros.
El exministro de Finanzas Fausto Ortiz, a través de su cuenta de Twitter, señaló que con las nuevas definiciones se añaden $ 5.000 millones más a la deuda por Cetes, preventas petroleras y acciones de banca pública.