El Gobierno invita a paises amigos a renegociar acuerdos

El Gobierno dice que los tratados bilaterales de protección de inversiones, firmados por el país, no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera.

Y esa es una de las razones que justifican la decisión de dar por terminados esos acuerdos. La semana pasada, la Asamblea se pronunció en favor de la denuncia de 12 acuerdos. Los asambleístas usaron otra razón: la cláusula de arbitraje que contemplaban está en contra de la Constitución.

Ayer, en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, el presidente saliente recibió el informe de la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones, creada por él mismo en 2013. El ánimo no era favorable a los TBI: para los oficialistas eran documentos “abusivos” o un “atentado a la justicia” y hubo “negligencia” en su negociación.

Cecilia Olivet, quien preside la Comisión de Auditoría, habló del ‘fracaso’ de los tratados. Según ella, Ecuador está entre los países de la región con más TBI pero “solo ha recibido el 0,79 % de la inversión extranjera que llega a América Latina y el Caribe”.

El principal flujo de inversión, dijo, proviene de Brasil, México y Panamá. Además, de los siete grandes inversores externos solo el 23 % viene de países con tratados vigentes.

Y denunció que, mientras las promesas de inversión y desarrollo no se materializaron, los costos para el país por demandas han sido extraordinarios: 21.200 millones de dólares (ver infografía).

“La ligereza en la firma de estos instrumentos no tomó en cuenta la magnitud de riesgo que asumía Ecuador”, aseguró. Y recomendó que Ecuador denuncie los 27 tratados que están vigentes.

El presidente saliente tomó la posta. “Me complace anunciar (...) nuestra decisión soberana de denunciar estos tratados y de dar por terminado un periodo nefasto en la historia nacional”, dijo.

Según él, está por finalizar el procedimiento establecido por la Constitución para dar por terminados los tratados después del pronunciamiento de la Asamblea. Eso sí, dijo que Ecuador está dispuesto a negociar nuevos instrumentos para el fomento de las inversiones, con reglas claras, sujetas a la normativa constitucional.

Transición.

1. A pesar de la denuncia, los inversores seguirán contando con protección por varios años más. Por eso, Olivet sugirió un régimen de transición. Por ejemplo, dijo que el Gobierno debería hacer una lista de árbitros que tengan un sesgo pro inversionistas para evitar considerarlos en un eventual arbitraje. También recomendó la redacción de acuerdos que reconozcan derechos de los Estados y obligaciones de los inversionistas.

Renegociación.

2. El canciller Guillaume Long dijo que el Gobierno está enviando a las embajadas de los países del mundo una nueva propuesta para negociar tratados recíprocos de inversión que se sustentan en la normativa constitucional vigente. Eso conlleva, dijo, el respeto a las decisiones soberanas de Ecuador y que dejan de lado los arbitrajes.

Unasur.

3. Correa aseguró que es necesario establecer procedimientos transparentes, con posibilidad de impugnar y revisar las decisiones iniciales, así como un código de conducta para los jueces. Dijo que sobre esto se basa la propuesta ecuatoriana para formar un foro de solución de controversias en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). “En pocas áreas la integración es tan importante, separados será el capital transnacional el que imponga sus condiciones; unidos serán nuestros países los que pongan las condiciones”.

De la Asamblea al Ejecutivo

De conformidad con el informe presentado por la Corte Constitucional, el Pleno de la Asamblea Nacional denunció 12 tratados de inversión con China, Chile, Venezuela, Reino de los Países Bajos, Confederación Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. El trámite para suspenderlos y renegociarlos pasará de la Asamblea al Ejecutivo cuando se envíen las resoluciones. El Ejecutivo debe emitir los decretos para eliminar los tratados y la Cancillería notificar a cada país.