Pocas iniciativas políticas nacen tan condenadas al fracaso como la megaley Creando Oportunidades que el gobierno enviará (probablemente esta semana) a la Asamblea Nacional    y que recoge las líneas maestras de su plan de reforma económica. Primero porque es eso, una megaley que integra temas de naturaleza complementaria pero diferente: laborales, tributarios, petroleros, mineros, de obra pública… En fin: ni más ni menos lo que Jamil Mahuad llamaba “ley trole”. Y resulta que, precisamente para evitar los troles, el artículo 56 de la Ley    de la Función Legislativa los prohíbe con una claridad que no requiere de interpretación: para ser calificado, dice, un proyecto de ley debe referirse “a una sola materia”. Así que lo más probable es que la propuesta no pase del CAL.

Pero aun en el improbable caso de que lograra sortear ese obstáculo y llegara al Pleno para someterse a debate, sus perspectivas no pueden ser menos auspiciosas. El proyecto gubernamental, como ha insistido el presidente y nadie más que él en ese desierto de comunicación que es Carondelet, tiene por objeto cambiar el statu quo de la economía nacional. Eso implica echar abajo una serie de instituciones atávicas, vigentes por décadas, que encubren ineficiencias y distorsionan las relaciones de producción. La institución del subsidio a los combustibles, por ejemplo, que ya cayó pero sigue en el centro de las manifestaciones sociales. O la institución de los precios referenciales de los productos agrícolas, de la cual los propios agricultores reconocen que apenas sirve “para sobrevivir”. La institución de los sindicatos como interlocutores de toda reforma laboral, aunque ésta apunte precisamente el 62 por ciento de trabajadores no sindicalizados. Si estas cosas se plantearan en el Pleno no merecerían siquiera el beneficio del debate: serían bloqueadas a grito pelado por la mayoría correísta, que hoy se distribuye en dos bancadas: la de UNES, o los correístas propiamente dichos, y la de Pachakutik, o los correístas de corazón.

Hubo un tiempo, allá por los primeros días del pacto que puso a Guadalupe Llori al frente de la Asamblea, en el que Guillermo Lasso sinceramente creyó que tenía una puerta abierta a la bancada de Pachakutik. Y que le bastaba con levantar el teléfono para coordinar las acciones del Legislativo. Ignoraba que lo único seguro con ella es su obsesión por el cacicazgo amazónico y quizá su deseo de tener un mejor carro. Llori, cuyo generoso acercamiento del 24 de mayo se esfumó ni bien quedaron conformadas las comisiones legislativas, no tardó en pasar del zalamero “mi presidente” al combativo “no cederé ante presiones del gobierno”, con golpe sobre la mesa incluido, pronunciado en el aniversario de la fundación de la República.

Para Lasso, darse cuenta de que su presunto aliado está más cerca del correísmo de lo que gusta admitir, que con Guadalupe Llori no se puede contar ni hasta dos y que la Asamblea es territorio comanche, ha sido quizá la parte más dura de su aprendizaje político.

La oposición en la Asamblea parece entender que su trabajo consiste en bloquear sin debatir. Basta con armarse de una batería de consignas y aferrarse a ellas contra todo dato de la realidad. Consigna: desde que se eliminó el subsidio a los combustibles el costo de la canasta básica se ha incrementado cada mes. Dato de la realidad: entre agosto de 2020 y agosto de 2021, el costo de la canasta básica, según el INEC, pasó de 711,33 a 712,67 dólares, incremento equivalente al 0,2 por ciento en un año. ¿Qué hacen los defensores de los subsidios ante ese dato? ¿Desmienten las cifras? ¿Cuestionan al INEC? Nada de eso. Simplemente lo ignoran. Y continúan repitiendo su consigna en cada discurso, escribiéndola en carteles que exhiben en el Pleno, difundiéndola en todas sus entrevistas en los medios.

Consigna (repetida por los correístas de ambas bancadas a propósito de la proforma presupuestaria cuyo debate, es un decir, arrancó este jueves en el Pleno): el gobierno niega recursos a la salud y a la educación e incumple con el mandato constitucional de incrementar cada año los presupuestos asignados a estos dos sectores. Dato de la realidad: en comparación con el presupuesto ejecutado del 2020 (que es el que cuenta), la proforma incrementa los rubros de salud y educación en la proporción que manda la ley. Esto ya se discutió y se acordó en la Comisión de Régimen Económico, pero su presidenta, Mireya Pazmiño (correísta de UNES), volvió con lo mismo: comparar la proforma con el presupuesto aprobado de 2020.

Consigna (en nombre de la cual la hoy exministra de Agricultura Tanlly Vera fue llamada a rendir cuentas en una sesión inútil): el gobierno permite que se irrespeten los precios referenciales de los productos agrícolas y no evita el contrabando. Dato de la realidad: el sistema de precios referenciales encubre las ineficiencias que hacen de los productos ecuatorianos los más caros de la región: en promedio, 48 por ciento más caros que los peruanos y 28 por ciento más caros que los colombianos. En consecuencia, evitar el contrabando es imposible. Por eso Tanlly Vera acudió al Pleno no para responder los reclamos sino para proponer la eliminación del sistema de precios referenciales a cambio de un conjunto de políticas de incentivo a la producción. ¿Fue rebatida? ¿Alguien cuestionó sus argumentos? Nada de eso. Nomás los ignoraron y volvieron (por ejemplo Salvador Quishpe, correísta de Pachakutik) a repetir la consigna del principio: ustedes irrespetan los precios y permiten el contrabando.

Así que no: no existe la más remota posibilidad de que la megaley Creando Oportunidades sea aprobada por la Asamblea. Demasiado ingenuo sería el presidente si a estas alturas no contara con ello. Más bien da la impresión de que “Creando Oportunidades”, más que un proyecto de ley sin esperanza de ser aprobado, es una consigna. Si sus gestores hubieran tenido el mínimo buen gusto de usar un infinitivo en lugar de un gerundio (la más horrenda de las formas verbales), hasta podría propiciar sugestivos titulares: “La Asamblea rechaza Crear Oportunidades”. No pudo ser: el ecuatoriano ama los gerundios. Lo importante es que el periplo de esta ley en la Asamblea será el argumento final para justificar la consulta popular en la que el gobierno tiene depositadas sus verdaderas esperanzas.

“Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas y muertes cruzadas”, dice Guadalupe Llori y    confirma así la condición de terrible deshonestidad intelectual de la Asamblea que preside. Primero, porque nadie ha hablado de muertes cruzadas. Segundo, porque nadie apelaría a una consulta si existiera por lo menos la posibilidad de debatir los temas. Tercero, porque si la democracia directa resulta ser un chantaje, lo mínimo que se puede decir de los representantes del pueblo electos por voto popular es que traicionaron su mandato.

Los magos del hashtag

Con un secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, dedicado a posicionar etiquetas en el Twitter, no es extraño que el gobierno de Guillermo Lasso proyecte la imagen pública de un organismo entrampado. #JuntosLoLogramos puede ser una consigna convincente para celebrar el exitazo del plan de vacunación. Pero cuando a eso le sigue #ElCambioYaSeSiente, una fórmula tan, pero tan hueca que los únicos que se han fijado en ella son los trolls del correísmo, que no piensan, el resultado es la absoluta anomia. Que los magos del hashtag no se atrevan a lanzar la etiqueta #ConsultaPopular demuestra el rotundo fracaso de la política de comunicación (si es que tal cosa existe) de un gobierno que ha cifrado sus mayores esperanzas precisamente en una consulta popular.