Las autoridades de La Habana suspendieron la emisión de licencias para nuevos restaurantes privados en la ciudad y advirtieron a los ya existentes que obedezcan la estricta legislación, según dueños de los locales.

Esta posición más firme podría afectar la oferta culinaria de La Habana. También es otra señal de que el gobierno comunista se resiste a abrirse más a la empresa privada en un país donde aún mantiene el control de la mayor parte de la actividad económica.

El año pasado, Cuba dio marcha atrás con una serie de reformas orientadas al mercado en temas de agricultura, mientras que este año impuso controles de precios sobre servicios de transporte privado.

Desde que el presidente Raúl Castro flexibilizó las restricciones sobre empresas privadas hace seis años, los restaurantes han florecido, especialmente en la capital donde los ingresos son más altos y hay un creciente flujo de turistas que demandan mejores menús y servicios que los que ofrecen la mayor parte de los locales manejados por el Estado.

Hay cientos de restaurantes privados -conocidos como paladares- en La Habana y más de 1.700 a lo largo del país, dijo el Ministerio de Turismo.

Durante las últimas seis semanas, los propietarios de algunos de los paladares más conocidos fueron convocados a reuniones donde los funcionarios de La Habana primero elogiaron sus contribuciones a la economía y al turismo, y luego citaron las violaciones regulatorias que cometieron, advirtiéndoles que cesen y desistan.

Ante esa situación, las autoridades paralizaron temporalmente la concesión de nuevas licencias de restaurantes.

“Por supuesto que técnicamente tienen razón, todos doblegamos las reglas, tenemos pocas opciones”, dijo el dueño de uno de los paladares más populares de La Habana, quien como otros solicitó no ser identificado por temor a represalias.

“No mencionaron qué planeaban hacer, pero asumimos que se viene una gran ola de inspecciones”, indicó.

Los paladares pueden tener un máximo de 50 asientos y deben comprar todas las provisiones en mercados y negocios estatales, frecuentemente con sobreprecios, a diferencia de sus competidores administrados por el Estado que tienen acceso a mercados mayoristas y no tienen restricciones de capacidad.

Muchos expertos consideran que la carga impositiva sobre los pequeños comercios exitosos en Cuba es onerosa.