Amnistía Internacional (AI) fue la primera en reaccionar por la detención arbitraria de Milagro Sala, diputada de la organización kirchnerista “Túpac Amaru” y del Parlamento de Mercosur, detenida y en huelga de hambre desde el 16 de enero, tras liderar una protesta pacífica en la provincia de Jujuy. La organización de defensa de los derechos humanos pidió su “inmediata liberación” y cese de la persecución política contra su persona y las organizaciones sociales de esa provincia, y además, que se garantice su seguridad física. Exhortó al Gobierno “a no utilizar leyes penales para intimidar y amenazar a organizaciones sociales y silenciar sus reclamaciones”. Túpac Amaru, de quien Sala es su principal activista, fue fundada en 2001 y cuenta con más de 70.000 afiliados. Ha construido más de 8.000 viviendas sociales, varios comedores, diez escuelas y diez centros de salud, y talleres textiles y metalúrgicos que dan trabajo a los más humildes, en su mayoría indígenas. La entidad encabeza la Red de Organizaciones Sociales (ROS), que agrupa a cientos de cooperativas. Las acusaciones contra Sala provienen del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, su enemigo declarado, y aunque el presidente Mauricio Macri niega que su detención sea política y alega que lo está por órdenes de la justicia, se cree que la justicia está recibiendo órdenes del poder político, que hace gala de gobernar mediante decretos, olvidando la existencia de los otros poderes. Una muestra temprana de la prepotencia derechista que ganó la presidencia de la República en Argentina y que abiertamente trata de obstaculizar los avances socialistas en la región, como lo muestra el hecho de haber sido el único presidente sudamericano que se excusó de asistir a la reciente reunión de la Celac, en la que nuestro presidente entregó la posta al mandatario venezolano.

A poco más de un mes en el poder, Macri ha devaluado la moneda en el 40 % y son más de 40.000 los trabajadores y empleados despedidos o a los que no se les ha renovado sus contratos, poco más de la mitad correspondientes a la empresa privada. ¿Será que el fascismo empieza a despuntar en Latinoamérica?

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