Es dinero que no regresará al Estado, al menos por ahora. En 2018, la Contraloría General del Estado estableció una glosa de más de 24,6 millones de dólares por las irregularidades detrás de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, durante el gobierno de Rafael Correa y la administración directa de Jorge Glas. El sentenciado exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, otros funcionarios públicos e integrantes de la fiscalizadora privada Worley Parsons fueron señalados para el pago millonario. El monto, dos años después, se desvaneció y ya no será cobrado a los señalados por actos de corrupción.

Luis Miño, subcontralor general del Estado (subrogante), firmó la orden para desvanecer el cobro durante el año pasado. Según explica en el documento al que tuvo acceso EXPRESO, el proceso administrativo de ley demostró que el cobro no estaba justificado.

La responsabilidad civil culposa que se determinó en 2018, no resistió la impugnación legal que tardó años en las cortes administrativas. Por eso, asegura el subcontralor subrogante, no se puede realizar el cobro inicialmente fijado.

El dato llama la atención porque en torno a Álex Bravo pesan sentencias por irregularidades durante su tiempo en Petroecuador. Solo la Procuraduría General del Estado, como ejemplo, llevó adelante el proceso judicial que terminó en febrero de 2017 con la sentencia a cinco años por cohecho. Ahí se condenó al pago de 25 millones de dólares en contra de Bravo, funcionarios públicos y hasta familiares.

La Procuraduría demostró que los involucrados “facilitaron la adjudicación de contratos relacionados a la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, a varios contratistas, a cambio de beneficios económicos”.

Esa demostración no fue lo suficientemente sólida como para mantener en marcha la glosa determinada por la entidad que dirige Pablo Celi.

¿Si la glosa se desvaneció significa que Bravo y los otros señalados son inocentes? La Contraloría General cree que no. EXPRESO consultó con la entidad y ahí se explicó que ya hay otros procesos para que el país no pierda los dineros que se derivan de las glosas establecidas por la corrupción en el manejo de la petrolera estatal durante el correato.

Según la Contraloría, la acción de control realizada en septiembre del 2018 no superó el debido proceso y “no se confirmaron responsabilidades, una vez constatados los descargos presentados”.

Sin embargo, aclara el organismo de control, “en cuanto se trató de un examen parcial sobre un contrato inconcluso, de inmediato se inició un nuevo examen al pago del contrato, cuyo informe fue aprobado en septiembre de 2020 y, al momento, la Dirección de Responsabilidades de la institución se encuentra realizando el análisis jurídico y técnico, para establecer las responsabilidades que sean del caso”.

Es decir, luego de determinar que la glosa debía desvanecerse, la Contraloría inició otro estudio por la fallida repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Ahí, aún no se establecen nuevas glosas.

Más allá de la determinación, varios funcionarios de Petroecuador -en funciones o desvinculados- han admitido que la repotenciación de más de 2.300 millones de dólares fue una farsa porque la unidad tiene fallas permanentes.

Según el ahora sentenciado Jorge Glas -durante la inauguración de la falsa repotenciación, en 2016- la refinería estaba “mejor que nueva”.

Este Diario buscó a las partes involucradas en el desvanecimiento de la glosa pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

El Gobierno quiere una concesión

El destino de la Refinería de Esmeraldas aún es incierto. Su producción, tal como publicó EXPRESO la semana pasada, ha caído considerablemente y está en marcha un proceso de concesión de la planta más importante del Estado. El año pasado se dieron pasos importantes para que la refinadora pase a manos privadas pero aún no se concreta la operación.

Incluso se cumplió con la visita del grupo interesado a las instalaciones en Esmeraldas.

Candidatos a la Presidencia de la República como Andrés Arauz han adelantado que si se concreta la transacción será revertida en los primeros meses de gobierno.