Generar empleo, decision politica

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Generar empleo, decision politica

El desempleo es una constante histórica en Ecuador que en la última década alcanzó niveles críticos, a tal punto que el Gobierno tuvo que acudir a una metodología “innovadora” para cuantificarlo, considerando la predisposición de la persona para trabajar y, o si ocupa parte de su tiempo en la realización de alguna actividad lucrativa, sin consideración a si esta alcanza o no el monto del salario básico unificado.

Según el programa Visión 360, el desempleo a marzo de 2016 alcanzó la cifra de 1’348.000 y de 1’726.000 a marzo de 2017. Consideremos que el subempleado en verdad es un desempleado, por lo que las cifras antes citadas revelan que en un año 378.000 personas dejaron de tener un empleo pleno y su afiliación al seguro social.

El desempleo es la resultante del estrangulamiento del sector privado, vía política fiscalista y rigidez legal y punitiva, a través de sanciones pecuniarias contra dicho sector.

El desempleo habría sido mayor aún, si el Estado ecuatoriano no se hubiera convertido en el más grande empleador del país, lo cual le demanda ingentes recursos para el pago de la burocracia. He ahí la causa del endeudamiento agresivo, para cubrir el inflado gasto corriente, así como la razón para la toma de medidas de “flexibilización” en la normativa del sector público, como por ejemplo, la prohibición de contratación colectiva a partir de diciembre de 2015, para las empresas con capital mayoritario de recursos públicos; así como la existencia de contratación de servicios técnicos especializados, en otras palabras, tercerización; ventajas que ya las quisiera el sector privado.

Generar empleo es una necesidad como medio de redistribución de la riqueza y como fortalecimiento de la dolarización, a través de la inversión del sector privado, legítimo generador de empleo.

La modificación del modelo económico y de la política fiscalista del Gobierno es vital, por lo que, si se quiere en verdad generar empleo, el gobierno entrante debe implementar en el sector privado la normativa aplicada en el sector público, lo cual solo requiere de decisión política.