Ni siquiera la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, asistió al primer juicio político del año. La tarde del jueves, mientras el exprocurador general del Estado desarrollaba su defensa, el hemiciclo legislativo se iba vaciando poco a poco. Luego de dormir cuatro meses en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y otros tres en el despacho de la presidenta Elizabeth Cabezas, el proceso contra Diego García, planteado por la legisladora independiente Mae Montaño el 18 de junio del año pasado y aprobado por la Comisión de Fiscalización, recién el 25 de octubre, llegó por fin al Pleno de la Asamblea. Y, en su primer día, tuvo que ser suspendido por falta de cuórum.

Arrogación de funciones en el caso de la prórroga de los miembros del Consejo Nacional Electoral; negligencia manifiesta en la representación del Estado en el juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas, del que la Procuraduría quedó excluida por el atraso de su delegado; silencio cómplice frente a Odebrecht, al haber aceptado sin análisis el convenio transaccional que permitió el regreso al país de la constructora brasileña; manejo ineficiente de recursos públicos, utilizados en la producción de libros y vídeos sobre el caso Chevron con los cuales el exprocurador se paseó por el mundo... El próximo martes, cuando se instale el debate, la Asamblea tendrá que decidir sobre la validez de los cargos presentados por Mae Montaño. Si bien la Comisión de Fiscalización solo aceptó uno (el que tiene que ver con el juicio a Glas), su informe no es vinculante para el Pleno, cosa que el procurador pasó por alto en su defensa.

Mala fecha eligió Elizabeth Cabezas para arrancar el juicio: un jueves por la tarde, cuando los asambleístas regresan a sus provincias. Ahí, se supone, permanecerán entregados a lo que llaman “trabajo en territorio” hasta el lunes por la tarde. Porque en esta sede legislativa, cualquiera lo sabe, se trabaja tres días por semana. Mae Montaño sabía lo que se venía: lo advirtió, por la mañana, en un tuit.

No ayudó que Diego García dedicara los primeros sesenta minutos de su intervención, que duró tres horas, a exponer una conferencia magistral sobre el debido proceso, que según él fue vulnerado en este caso. Sobre los cargos que se le imputan no dijo una palabra hasta pasadas las cinco de la tarde, cuando ya había empezado la irreversible diáspora legislativa. Primero se fueron los oficialistas: de 45 quedó apenas una docena. Uno por uno abandonaron el salón también los correístas hasta quedar reducidos a la mitad. En el bloque de CREO, al que alguna vez perteneció Montaño, ocurrió otro tanto. Así, cuando García se dignó entrar en materia, la Asamblea se había quedado ya sin cuórum.

La presidenta, Elizabeth Cabezas, también se había ido. Ocupaba su lugar, a falta de los vicepresidentes, que tampoco estaban, una integrante del CAL: Verónica Arias. Pero ella decidió desentenderse de lo que estaba ocurriendo y permitir que el exprocurador continuara ejerciendo su derecho a la defensa ante poco más de sesenta asambleístas que, reunidos en alegres corrillos o entregados a sus celulares, prestaban poca o ninguna atención a sus palabras.

Cabezas regresó a eso de las seis y media para hacer exactamente lo mismo: nada. A las siete, cuando García terminó su intervención, la presidenta mandó a constatar el cuórum: apresuradamente volvieron al hemiciclo los que se distraían en los pasillos hasta sumar 67. No se podía continuar.

En su defensa, García había negado la validez del juicio político por incurrir, según él, en varias violaciones al debido proceso, y había desechado las acusaciones que no convencieron a la Comisión de Fiscalización, sin tomar en cuenta que su informe no es vinculante para el Pleno. Con respecto al cargo de negligencia en el caso Glas, aseguró que la responsabilidad de un delegado que se atrasa a una audiencia no se transfiere al delegante. Sobre estas cosas habrá que preguntarles a Fernando Callejas y Mae Montaño, que fueron los únicos que le prestaron atención.

La fiscalía, objetivo final

Poco faltó para que el juicio al exprocurador, planteado hace siete meses, resultara extemporáneo: este mes se cumple un año de su salida del cargo. Y si bien la destitución ya no tendría efecto, la intención de Mae Montaño es aprobar una resolución para remitir los cargos contra García a la Contraloría General del Estado y, sobre todo, a la Fiscalía.