Galarza perdio a sus asesores

Las cosas se complican para Ana Galarza. Sus dos asesores, el matrimonio conformado por Omar Mayorga y Carmen Alvarado, fueron despedidos por incurrir en prohibiciones expresas del reglamento interno de los trabajadores legislativos: en el primer caso, tener dos trabajos (uno en el despacho de la asambleísta y otro en Flota Pelileo); en el segundo, permitir a terceras personas el uso de una identificación electrónica intransferible. El caso es que ambas cosas ocurrieron con el aval y la anuencia de Galarza. ¿Puede todavía salir bien librada de esta historia?

La decisión de despedir a los asesores viene de arriba: de la propia presidenta Elizabeth Cabezas. Y no solo eso: habrá además una investigación (otra), a cargo de la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea. Esta vez se apuntará directamente al esclarecimiento de algunas cuestiones que la comisión investigadora pasó por alto: ¿a qué se dedica la asesora que Galarza mantiene en Tungurahua? ¿Qué dicen sus informes de trabajo? ¿Son confiables los registros de asistencia que la legisladora de CREO avala con su firma? En la sede Legislativa casi no se habla de otra cosa. Ayer, Ana Galarza no asistió a la sesión del Pleno pero, de ser cierta la creencia popular, debieron arderle las orejas durante toda la mañana.

Mientras tanto, el trámite del informe de la comisión investigadora, del que Galarza salió tan bien librada, se complica para su pesar. Había resuelto la comisión (más exactamente, dos de sus tres miembros: Raúl Tello y Lourdes Cuesta) que las irregularidades cometidas por la asambleísta se limitaban a una falla administrativa: uso indebido de identificación electrónica (la de Alvarado). En consecuencia, remitieron el informe al Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo encargado de imponer las respectivas sanciones, que en ningún caso pueden exceder los 30 días de suspensión sin sueldo. Olvidaron que la ley de la Función Legislativa los obliga a dirigir su informe al Pleno, no al CAL. Y una vez en el Pleno puede pasar cualquier cosa, destitución incluida.

En el hemiciclo Legislativo se desarrollaba ya la sesión ordinaria del día, en la cual tuvo lugar la posesión de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, pero la atención de los medios estaba volcada en los pasillos. Uno por uno desfilaban por ahí los integrantes del CAL expresando sus opiniones. Viviana Bonilla: “El CAL no tiene atribuciones para conocer el informe de la comisión investigadora”. Verónica Arias: “El informe debe ser dirigido directamente al Pleno”. Soledad Buendía: “Los informes de los casos anteriores (caso Sofía Espín y caso Norma Vallejo) ni siquiera pasaron por el CAL”. Cristina Reyes: “El Pleno, sí, para mí eso no está en discusión”.

Es el criterio de la mayoría. Con todo, esta tarde el CAL conocerá la opinión jurídica del procurador síndico de la Asamblea, a quien Elizabeth Cabezas dirigió una consulta.

En el Pleno, ya hay quienes han empezado a contar los votos que se necesitan para destituir a Galarza. Los correístas apoyan. El BIN marca sus distancias del informe de la comisión. Los oficialistas parecen estar divididos, aunque la presidenta informó que el bloque se reunirá mañana para decidir su postura. Otro tanto harán los socialcristianos, pero Cristina Reyes parece tener las cosas claras: dijo que en este caso “hay hechos vergonzosos que desdicen de la ética de una legisladora”. Sí, el informe de la comisión favoreció a Galarza. Pero eso puede no significar nada.

Provincias

Cacería de pipones

La presidenta Elizabeth Cabezas no quiere nuevas sorpresas: pidió a la oficina de Recursos Humanos de la Asamblea que elabore un informe sobre el trabajo desempeñado por todos los asesores que los legisladores mantienen en sus provincias. Ella quiere mejorar los procesos de control.