Un inusual mecanismo de captación de dinero, tanto de personas naturales como de empresas, había instaurado la administración de Ecuagran, en proceso de liquidación por los impagos en sus emisiones de obligaciones y facturas comerciales no solo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), sino a otros inversionistas.

Entre el 2013 y el 2020 la empresa, cuyo accionista principal era Gad Goldstein, captó de 251 personas y empresas y gremios reconocidos, unos $ 19’808.223 amparados en las llamadas letras de cambio.

En la lista no solo hay empresas del calibre del Isspol, que también invirtió en letras de cambio, sino otras: Corpei (Fideicomiso Corpei Capital), Holdingdine, Adfinsa, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Datacentro, Decevale, Forban (de los accionistas de la casa de valores que manejó el grueso de las inversiones de Isspol) y una entidad del Estado que debería saber las fronteras de la ilegalidad: el Banco Central.

Diario EXPRESO tuvo acceso al listado de las empresas y personas, los montos, las fechas y a través de qué bancos se transfirió el dinero.

Holdingdine tiene registradas varias transferencias, una de ellas por hasta 700.000 dólares. Los pagos se hicieron a través del Banco Pichincha, Bolivariano, Produbanco-Promerica e Internacional.

Si bien las casas de valores no pueden intermediar valores no inscritos en el Catastro Público de Mercado de Valores, Alexandra Echeverría, exgerente general de Activa, envió correos electrónicos a John Campuzano y Enrique Weisson, de Ecuagran, con datos de las letras de cambio a negociar. EXPRESO accedió a un correo con fecha 27 de marzo de 2012. Allí detallaba los datos de las letras de cambio a negociar: 30 mil dólares con un rendimiento efectivo de 10 %. Asesoren y Scudetto también fueron representadas por ella. EXPRESO no recibió respuestas de las preguntas remitidas al correo electrónico a Echeverría.

Atlántida (antes Accival) no intermedió valores, lo que les está prohibido por la ley, pero sí lo hicieron las empresas de asesoría financiera con las que tenía relación patrimonial. Diana Peña, gerente de Atlántida, lo confirma.

En este lucrativo negocio participaron otros actores, las empresas de “asesoría financiera”, entre ellas Scudetto, Asesoremp, Southern Cross Capital Market y Atlántida Advisors.

Atlántida Advisors Asesoría Financiera representaba también a personas naturales que, incluso ya cuando Gad Goldstein estaba fuera del país y se conocía la difícil situación financiera de Ecuagran, negociaba letras de cambio. El 17 de agosto de 2020, 13 días después de la salida del país de Goldstein, Atlántida emitió una letra por $ 58.223 con un supuesto rendimiento de 9,5 %. Hoy no se han pagado unos 5 millones del monto, según se conoció, y 3,8 millones de esos están a nombre de Banco del Austro.

Luis Cabezas-Klaere, representante de Goldstein, contradice la cifra que Ecuagran dice deber al banco. Según el abogado, solo se le debe 300.000 dólares. “En efecto, entre los pasivos registrados tanto en Delcorp como en Ecuagran figuraban una serie de letras de cambio con distintos beneficiarios, entre los que constaban personas naturales y jurídicas. Estas letras, según entiendo, corresponderían a préstamos otorgados en favor de la compañía y respaldados en letras de cambio, las que se venían renovando periódicamente. De lo que tengo conocimiento, en la actualidad la mayoría de dichas letras se encontrarían canceladas, quedando vigentes únicamente letras por un valor acumulado que no superaría los $ 300,000, en favor de un único tenedor; en adición a otras letras de cambio cuyo saldo desconozco, y cuyo beneficiario era la institución bancaria a la que usted hace referencia”, responde Cabezas-Klaere a Diario EXPRESO.

Agrega que según se le ha informado, una parte importante de estas letras de cambio fue cancelada con recursos provenientes de la VI Emisión de Obligaciones de las compañías, conforme se encontraba previsto en los prospectos de oferta pública. “Como es de su conocimiento, la difícil situación que se encuentran atravesando las compañías ha impedido que puedan responder a todos sus acreedores, razón por la cual se inició un procedimiento preconcursal excepcional con la finalidad de que se puedan alcanzar acuerdos que permitan que la mayor cantidad de acreedores recupere la mayor parte de sus acreencias”.

Aunque las deudas de Delcorp y Ecuagran son muy elevadas como para pagarlas: solo en obligaciones y papel comercial tienen una deuda de 64 millones, muchas ya impagas, sin contar con las facturas comerciales y las deudas por grano que desapareció de sus silos y que reclaman empresas como Cargill y Ecuaquímica.

La Superintendencia de Compañías es clara sobre este tipo de operaciones (letras de cambio): “De forma general, el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, las actividades financieras reservadas para las entidades que integran dicho sistema”, señala la autoridad a una consulta realizada por Diario EXPRESO. En cuanto “a la legalidad o ilegalidad de la captación de dinero a través de letras de cambio por parte de una compañía, la determinación de responsabilidades corresponderá a la autoridad competente en materia penal”.

El liquidador de Ecuagran, José Ibáñez Santos, dice que la Superintendencia pudo haber visto aquello en los estados financieros, en las auditorías, “pero no dijo nada de esto”. ¿Qué hacen las estructuradoras, las calificadoras de riesgo?

1. La Superintendencia de Compañías no tenía “la obligatoriedad de conocer de forma particular o general las operaciones financieras que realizan las compañías”.
2. Fueron 16 transacciones las que se realizaron a AdfinsaServices por pagos y renovación de letras de cambio de Ecuagran, según un listado al que accedió EXPRESO.
3. n La Superintendencia de Bancos no remitió las respuestas sobre el pedido de información de DiarioEXPRESO sobre si las empresas asesoras financieras puedan participar y captar dinero a través de las letras de cambio.
4. La persona que realice operaciones cambiarias o monetarias en forma habitual y masiva, sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
5. Para personas jurídicas existe una multa de 100 a 200 salarios básicos unificados si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de menos de cinco años.
6. Clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 500 a 1.000 salarios básicos unificados si el delito cometido tiene prevista una pena de privación de libertad igual o menor a 13 años.

UN CORDÓN UMBILICAL. Diana Peña, gerente de Atlántida, señaló que “respecto a los emisores Ecuagran y Delcorp, Accival, actualmente Atlántida Casa de Valores, únicamente ha llevado a cabo negociaciones con títulos valores que fueron previa y debidamente inscritos en el Catastro Público de Mercado de Valores, y que “cumplían con todos los requerimientos y autorizaciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es decir, para que estos títulos puedan ser negociados, deben tener la aprobación y autorización de dicho órgano de control, así como de las bolsas de valores del país, para ser negociados en el mercado bursátil ecuatoriano”.

A la Superintendencia de Compañías, “en forma oportuna se le reportaron todas las negociaciones que se llevaron a cabo de los emisores antes señalados, esto es, en los plazos y en la forma que la normativa establece”.

Basados en la ley, dice Diana Peña, existen tres tipos de mercados, con diferentes alcances y disposiciones aplicables. “En tal sentido, existen el mercado bursátil, extrabursátil y privado. Las casas de valores realizan sus operaciones únicamente en el mercado bursátil. Por lo tanto, esta casa de valores, en pleno cumplimiento de la normativa, no ha manejado letras de cambio de las empresas Ecuagran y/o Delcorp”.

• Atlántida Advisors es parte del grupo Sur Atlántida, que es paraguas de la casa de valores. Es una compañía domiciliada en Ecuador y Perú, especializada en servicios de asesoría financiera y gestión patrimonial integral.
• La consultora Southern Cross Capital Markets Sccmarkets S.A. fue creada el 17 de marzo de 2015. Su actividad es: otros servicios de consultoría científica y técnica. EXPRESO no la halló en los registros.
• Desde el 12 de enero de 2021 esta empresa tiene un liquidador, su accionista principal. Según la Superintendencia, se encuentra en disolución desde el 2020. Una de sus accionistas es Alexandra Echeverría.
• El correo con la propuesta de letra de cambio es de Alexandra Echeverría, de Activa Casa de Valores. Ella consta como accionista también en la empresa Asesores Empresariales Asesoremp.

“Con relación a Southern Cross le puedo informar que es una empresa independiente de la casa de valores, que opera de forma autónoma, y únicamente mantienen una vinculación patrimonial. Dicha persona jurídica es regulada por la Superintendencia de Compañías”. También es independiente de ella Atlántida Advisors Asesoría Financiera, empresa de asesoría que negociaba con Ecuagran letras de cambio. Una de ellas, a la que accedió EXPRESO, por 58.223 en donde el cliente Pablo Soto Paredes podría tener un rendimiento del 9,50 % a un plazo de 95 días. La propuesta estaba fechada en agosto de 2020.

Según la Superintendencia de Compañías, asimismo, le está expresamente prohibido a las casas de valores realizar actividades de intermediación financiera, recibir por cualquier medio captaciones del público y realizar negociaciones con valores no inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores. “Esta Superintendencia ha realizado advertencias públicas a través de su página web y de forma reservada dentro de sus labores de control, se advirtió a los emisores respecto de que la mencionada figura se adecuaría a la de una oferta pública no autorizada, independientemente de los procesos de control iniciados de oficio por esta Superintendencia al respecto”.

Ecuagran captaba dinero desde el año 2011, lo que le permitió ingresar dinero a sus cuentas con montos pequeños y grandes; también enviaba cantidades pequeñas al exterior por una mercadería en tránsito que jamás arribó a puerto.

La Superintendencia de Bancos no remitió respuestas a EXPRESO sobre su capacidad para detectar empresas que captan dinero sin ser entidades financieras.

CARGILL RECLAMA $ 8 MILLONES. La Superintendencia de Compañías le ha negado el registro, en Ecuagran (Ecuatoriana de Granos), de dos acreencias por un valor de 8’292.505 a la compañía Cargill Financial Services International hasta que no presente los soportes que respaldan dos pagarés.

María Francisca Gallegos-Anda le pidió a la Superintendencia el 9 de febrero de 2021 le dé “las instrucciones que sean necesarias para que el liquidador de la compañía Ecuagran, economista José Ibáñez, registre y se tome en cuenta en las cuentas por pagar el capital más intereses de la acreencia de mi representada (…) que ha sido debidamente justificada con el envío de copia certificada del pagaré de fecha 16 de enero de 2019 por el valor de $ 5’318.069” y del pagaré de fecha 15 de enero de 2019 por el valor de 2’973.836 más intereses.

La entidad de control le contesta que “es indispensable que se sirva cumplir con los requerimientos que en su momento le hiciera” Ibáñez en su calidad de liquidador de la compañía Ecuagran en liquidación, mediante diferentes mensajes remitidos a través de correo electrónico, entre los que se destacan con fechas 27 y 29 de enero de 2021. En esos email Ibáñez pide los soportes con los que se origina este tipo de papeles, contrato, transferencias de dinero de la o las operaciones sea en valor monetario o en mercadería.

“He podido revisar la acreencia recibida, la cual no consta en la contabilidad de Ecuagran, por favor, pido nuevamente los soportes de orígenes de la operación, esto es montos, en qué fecha o con qué transferencia llegaron a Ecuagran, o en su defecto confirmar si el origen es por entrega de producto, (…) para poder darte una respuesta”, le indicaba Ibáñez.

La petición que le hace el liquidador es para poder calificar la acreencia a favor de Cargill Financial Services International, en correspondencia con lo previsto en artículo 9 del Reglamento sobre disolución, liquidación, cancelación y reactivación de compañías nacionales y revocatoria del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA ÉTICA Y ECONÓMICA DEL ISSPOL. La dimensión humana y política de la seguridad social de la Policía Nacional, es el título de una carta enviada por el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), Juan Carlos Rueda, a los uniformados.

El problema, señala, tiene también una dimensión financiera y económica por las consecuencias prácticas que conllevan las decisiones que la administración tome, “pues si no se consideran las dimensiones éticas, la naturaleza pública, los efectos económicos y financieros derivan en el deterioro del patrimonio y de las reservas, dado que el fondo es previsional, el futuro sostenimiento, la solvencia y la liquidez se ponen en riesgo, que puede incluso llevar a su colapso”.

Pero sobre todo, el problema del Isspol tiene una dimensión humana: son casi 80 mil familias que dependen de los seguros y prestaciones.

Por tanto, “es el Estado y sus representantes, quienes deben asumir la búsqueda de soluciones y el establecimiento de responsabilidades, corresponde a la justicia una labor ejemplificadora frente a los hechos que afectan a los miembros de la Policía Nacional; pero además al Estado le corresponde fortalecer las instituciones de control del sistema de seguridad social, y las instituciones del mercado de valores”.

Esta triste ocasión debe servir al país para darle un giro a las debilidades de las instituciones públicas y privadas que hoy nos dejan desconcierto e incertidumbre, debemos darle al Ecuador un mercado de valores en el que podamos confiar, la dimensión política que tiene este problema debe ser advertida con la importancia que tiene por quienes aspiran a dirigir los destinos de la nación, manifiesta Rueda. Hasta ahora están en mora $ 210 millones de los 693 millones invertidos a través de una sola persona: Jorge Chérrez Miño.