En Playas, la Fiscalía no recepta las denuncias de los asaltos a pescadores porque afirman que eso está fuera de sus competencias, obligándolos a emprender una travesía hacia Guayaquil. Ellos piden que haya un fiscal de delitos acuáticos en Playas o que se vuelva al sistema anterior de poner la denuncia en los retenes navales de cada comunidad.

- ¿Qué sucede con las denuncias de los pescadores de la provincia del Guayas?

- Es vergonzoso porque los pescadores que les roban en Engabao, Posorja, Puerto El Morro o en Playas van al fiscal de turno que les pertenece, en este caso, el fiscal de General Villamil Playas, pero él les dice no es mi competencia y tienen que trasladarse a Guayaquil. Esto no sucede en Esmeraldas o Manabí porque allí sí tienen su fiscal de delitos acuáticos. La única provincia donde lamentablemente tienen que venir a esta ciudad a poner la denuncia es en el Guayas y todo porque el fiscal de Playas no lo quiere atender, habiendo Fiscalía.

- ¿Han realizado una petición formal sobre la necesidad de una fiscalía de delitos acuáticos en Playas?

- Tuvimos una reunión con el Ministerio Coordinador de la Política y los líderes del cantón Playas. Allí la gente se quejó del tema, pero todavía no tenemos resultados. Lo que queremos es coordinar con la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, para que de alguna forma la denuncia se la remita a Guayaquil. Nosotros en Playas tenemos un retén naval también, pero no sé qué pasó. Hasta el 2016, cuando nos robaban poníamos la denuncia en los retenes de cada comunidad.

- En la provincia del Guayas hubo 51 asaltos en el 2017 y de enero a abril del 2018 fueron 86. ¿Por qué existe un auge?

- Para nosotros este año ha sido un caos en lo relacionado a lo que yo llamo “inseguridad marítima”. Parecen ministros ciegos, sordos y mudos. Tanto el ministro de Interior, de Pesca y el de Defensa son los responsables de las muertes de nuestros pescadores, por su irresponsabilidad. Ellos no se preocupan por políticas públicas que garanticen el trabajo ni los derechos humanos de los pescadores. Se pasan en reuniones sin el sector, “coordinando la seguridad” y los resultados son esos. Estamos decepcionados del Ministerio de Acuacultura también. Hemos intentado todo lo posible, pero la delincuencia gana espacio. En Esmeraldas van más de 120 motores y en Santa Elena sobrepasan los 180.

- El fiscal de delitos acuáticos afirmó que algunos pescadores no troquelan (grabar una serie identificativa en los motores) y esto permite que para los piratas sea más fácil comercializar lo sustraído ¿es cierto?

- Se debe aclarar que cuando un pescador tiene un motor viejo el pirata no le roba, sino que lo golpea y le tiran el motor al mar. A mí me robaron dos motores ‘de paquete’ y esos se fueron sin troquelar, pero eso sucedió porque las máquinas troqueladoras de ellos estaban dañadas desde el 2017. Eso no lo dicen y lo que nos dan es un papel con un código. No solo pasa aquí en Guayas, sino que se repite a nivel nacional.

- En una mesa articulada en días pasados se propuso crear en Posorja una Unidad de Vigilancia Comunitaria, con un espacio para recibir denuncias referente a los espacios acuáticos, ¿cree que esto mejorará los problemas pesqueros?

- Las autoridades reuniéndose solas no solucionan los problemas. Deben hacerlo con los actores. Además, allá solo se quejarían los de Posorja porque no van a ir los de Engabao o de Playas hasta esa localidad. Lo que deben hacer es dar la competencia a los retenes navales de cada comunidad. Engabao tiene su retén, Playas lo tiene y Posorja también. O puede poner un fiscal de delitos acuáticos que abarque esas zonas y eso sería lo más razonable.

Pero ese no es nuestro único problema. Este sector está en crisis y va a la pobreza por la delincuencia en el mar, la destrucción de los recursos marinos por parte de los barcos industriales que se meten a las ocho millas náuticas y porque la pesca de arrastre regresó. Tampoco hay líneas de crédito accesibles para el sector.

Por ahora, los piratas siguen asediando a los trabajadores del mar, mientras que ellos no vienen a esta ciudad a denunciar por dos razones: no reúnen lo suficiente para el viaje o prefieren invertir su día trabajando. Después de todo, algunos ya han perdido la fe en las autoridades, tal como declararon en la edición de ayer de EXPRESO.