La Contraloría General del Estado se ha constituido en puntal institucional de la lucha contra la corrupción. Una serie de acontecimientos ocurridos en el oprobioso decenio que terminó el año pasado fue dada a conocer por ella, y su papel pasó, una vez desplazado el contralor de entonces, de una anquilosada y dudosa posición a un protagonismo que hoy marca la dinámica de esa reconocida tarea.

El último caso en manos de esta dependencia es el que tiene que ver con la forma como se manejó el delicado tema de la deuda pública. En esta trama se implantó, como inocultable realidad, la complicidad entre un contralor que utilizó el cargo para su personal provecho y un alto mando del poder oficial, necesitado de un blindaje y de una cobertura que le permitieran alzarse con ingentes recursos procedentes de negociados oscuros y pestilentes procedimientos. El pronunciamiento de la Contraloría, en la referida situación, ha dejado claro que el correato escondió la realidad del endeudamiento, falseó las cifras, utilizó trampas normativas, y encubrió con trapacerías múltiples ese escenario de ilegalidad, depredación y asalto.

Y su labor no se ha quedado ahí, esperando que otros organismos de control tomen la posta y judicialicen el caso. Por el contrario, ha preparado un Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, que persigue fortalecer la estructura del organismo mediante la creación de un tribunal que, convertido en ente colegiado integrado por siete ministros auditores, esté en condiciones de garantizar una actividad de análisis técnico-científico en la materia a su cargo y de tomar decisiones como juez de cuentas y autoridad de control público.

La dinámica que pretende generar el indicado proyecto se orienta a reducir los riesgos de inseguridad administrativa y jurídica y a terminar, definitivamente, con el ejercicio unipersonal de tan importante labor.

Este intento del titular de la Contraloría merece el apoyo de la opinión pública y la inmediata atención de las Funciones del Estado.