La Fuerza de Tarea Conjunta, acantonada en la provincia de Esmeraldas, continuará sus actividades durante todo el 2019. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció sin embargo que se analiza una reorganización de fuerzas en el sentido que el Comando de Operaciones Norte, que tiene a su responsabilidad toda la frontera norte, tenga las fuerzas, los medios efectivos y equipos necesarios, para cumplir con las tareas de vigilancia y control de seguridad en la zona. Eso se complementará con el equipo que adquiere Fuerzas Armadas.

En los últimos días, un operativo cumplido en la frontera entre Colombia y Ecuador, permitió la incautación de alrededor de 1.000 kilogramos de explosivos de similares características a los utilizados en el atentado con coche bomba al destacamento policial de San Lorenzo, Esmeraldas. El material habría pertenecido a un grupo irregular colombiano denominado ‘Los Contadores’.

La acción fue coordinada entre las policías de los dos países, señaló el ministro. Anunció además que la conformación de los grupos que vayan surgiendo o se reorganicen o tengan otras denominaciones no es de incumbencia del Ecuador. Para el país, dijo el ministro, “todos los grupos están considerados como una delincuencia organizada”.

Reconoció que sí hay preocupación y por eso “permanentemente se revisa la seguridad para que no haya oportunidad de infiltración o que se cumplan actividades de crimen organizado internacional en territorio nacional”.

Anunció que, a más de la fuerza que está asignada a la frontera norte, dentro de los proyectos de equipamiento, se ha considerado la dotación de radares para equipar a las lanchas guardacostas y fluviales que serán de dotación para el Ejército. Con ello indicó que se refuerza equipamiento del personal para mantener la estabilidad y seguridad en la frontera.

El año pasado, en el primer semestre se produjeron al menos 10 atentados en la zona de San Lorenzo. Entre los más graves estuvieron el del 27 de enero que destrozó el destacamento policial, el de mediados de marzo que fue un atentado que cobró la vida de cuatro infantes de Marina en el sector de la parroquia de Mataje, de San Lorenzo.

En ese mismo sector, el 26 de marzo, fueron secuestrados tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio y asesinados casi 15 días después. De los atentados se responsabilizó al grupo narcodelictivo de alias Guacho a quien las fuerzas militares de Colombia aseguraron haber asesinado en diciembre de 2018.

De Guacho se dice que, además de los secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, también incursionó en minería ilegal. Según mineros ilegales que trabajaron en las minas de la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, los armados que causaron terror en la zona habrían pertenecido al grupo de disidentes de Óliver Sinisterra. Esas minas se desalojaron a inicios de julio. Se presumía que unas 12.000 personas poblaron los sitios ilegales. Más de 5.000 salieron en julio.