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El fruto de la ‘muerte civil’

En Ecuador, de acuerdo con la pregunta planteada, busca inhabilitar para ser candidatos, contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos y hacer perder sus derechos de participación a los condenados por actos de corrupción.

La corriente de la ‘muerte civil’ en Ecuador toma fuerza por el caso Odebrecht y la posterior vinculación y detención preventiva del vicepresidente Jorge Glas.

Son 87 funcionarios que no regresarán al servicio público peruano en aplicación al decreto legislativo que instauró, desde el 22 de octubre de 2016, la ‘muerte civil’ en el vecino del sur.

Es el primer resultado en aplicación a esta figura, única en la región con categoría de perpetua para algunos casos, y que es motivo de la primera de las preguntas en la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno.

La ‘muerte civil’, en resumen, es la pérdida de derechos civiles de una persona que cometió un delito. En el caso peruano, inhabilita a condenados por corrupción a ejercer cargos públicos por un cierto tiempo (de 6 meses hasta 20 años) o indefinidamente, dependiendo del delito.

En Ecuador, de acuerdo con la pregunta planteada, busca inhabilitar para ser candidatos, contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos y hacer perder sus derechos de participación a los condenados por actos de corrupción.

La experiencia peruana arroja resultados, ¿pero la ‘muerte civil’ es la solución a este mal? “Es una manera de hacer la lucha”, responde el congresista peruano Humberto Morales, desde la experiencia adquirida con este casi primer año de la aplicación de la ley. “Es un avance. Hemos colocado en la agenda política el tema y es una manera de iniciar un proceso de lucha”, comentó Morales vía telefónica a EXPRESO.

De acuerdo con una publicación del diario La República de Perú de abril de 2017, citando al excontralor peruano Fuad Khoury, la corrupción genera pérdidas en ese país por 10 mil millones de dólares al año.

El jurista peruano Ántero Flores-Aráoz considera que el combate a la corrupción no es un tema punitivo, sino preventivo. “Hay que hacer educación. Hacer entender a la gente que la corrupción atenta contra el país y su economía, porque se abultan los costos de las obras públicas y el Estado gasta más y no puede invertir en más escuelas, hospitales y carreteras”.

El también expresidente del Congreso peruano puntualiza que el concepto de ‘muerte civil’ como tal no existe en su país, ya que es “inaplicable porque va contra los tratados internacionales sobre derechos humanos”. Se lo ha utilizado, dice, por temas mediáticos. Él prefiere hablar de inhabilitaciones.

‘Muerte civil’ o inhabilidades, el congresista Justiniano Apaza prefiere destacar el resultado de que la ley, más allá de la cifra, aporta a generar una sensación en la ciudadanía de que la impunidad cede frente a la lucha contra la corrupción.

La corriente de la ‘muerte civil’ en Ecuador toma fuerza por el caso Odebrecht y la posterior vinculación y detención preventiva del vicepresidente Jorge Glas, por el presunto delito de asociación ilícita. En Perú inició mucho antes, y Odebrecht es solo la cereza en un pastel cuya harina, huevos y levadura son los millones de sobornos. Es un reflejo cercano, con sus errores y aciertos, del cual aprender.

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