Frenazo a la lucha contra la corrupcion

La crisis de autoridades que afecta a la Fiscalía General desde hace dos semanas, pasa su factura. Y la afectación alcanza a los procesos que se investigan en la entidad.

Al menos dos audiencias diferidas, un reconocimiento de firmas y una versión postergados, son las consecuencias más inmediatas de la destitución de Carlos Baca, el encargo a Gen Rhea como subrogante y el arribo de Paúl Pérez como fiscal general encargado.

Y posiblemente esa situación se prolongue al menos una semana más. Pérez, quien se posesionó el jueves, ofreció que en una semana estudiará los expedientes a su cargo. En sus manos estarán los casos Odebrecht, Petroecuador, Singue, Petrochina, Caminosca, deuda pública, corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa, entre otros.

El exasambleísta de Concertación, César Montúfar, fue uno de los afectados. El miércoles 2 de mayo fue citado a la Fiscalía para cumplir una diligencia en una denuncia de corrupción en contra de Correa por delincuencia organizada.

Su viaje fue en vano. “Se suspendió el reconocimiento de firma y versión que debía rendir hoy en la investigación por delincuencia organizada contra Rafael Correa y otros. La razón: el cambio de fiscal general. Espero que pronto se fije nuevo día y hora”, escribió en su cuenta Twitter.

En la Corte Nacional de Justicia la situación con las audiencias de fuero no es distinta. Esta semana se fijó por dos ocasiones la audiencia de juzgamiento por enriquecimiento ilícito en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli, el exministro de Hidrocarburos de Correa.

Él fue investigado y sentenciado por cohecho, delincuencia organizada y otros delitos atribuidos a una red de corrupción instalada en Petroecuador.

Su juicio fue señalado para el jueves 3 y viernes 4 de mayo. Pero, la situación de la Fiscalía motivó el diferimiento señalado en el mismo calendario de audiencias.

Pablo Encalada, exfiscal y abogado de Marco Calvopiña, señala que los cambios de fiscales ciertamente generan inestabilidad en la institución ya que se hacen cambios casa adentro. Con ello, asegura, los procesos pierden el ritmo hasta que los nuevos fiscales se empapen de los casos.

Pero considera que son cambios necesarios porque “estando la Fiscalía en manos de profesionales de carrera, con una buena trayectoria y sin carreras políticas, hace pensar que la Fiscalía funcionará mejor”.

Puntualiza por ejemplo que “los seis años de Chiriboga (Galo) fueron nefastos para la institución”.

Miguel Revelo, abogado de Carlos Pareja, reitera que la situación de la Fiscalía no provoca afectación alguna a los procesos pendientes, porque son eventos que no se pueden predecir.

Añade que en el caso de su cliente es la investigación que realizó la Fiscalía y la que está realizando la que luego de un debido proceso determinará la verdad de los hechos denunciados.

El exfiscal Jorge Luis Ortega considera que el fiscal encargado debe hacer presencia para que obtenga legitimidad. Cree que el nuevo funcionario debe manejarse políticamente también porque caso contrario será responsable de prescripciones y nulidades.

La exjueza de Garantías Penales de Guayas, Djalma Blum, manifiesta que lo que hizo el Consejo de Participación transitorio al designar al nuevo fiscal Paúl Pérez es lo correcto.

Odebrecht

Entre otras audiencias a la que le correspondería asistir al fiscal encargado, es la de apelación a la sentencia de seis años de cárcel que impuso la Corte Nacional al exvicepresidente Jorge Glas y otros por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Corte aún no ha fijado fecha para la diligencia.

Deuda Pública

El fiscal Paúl Pérez, mientras dure su encargo, tendrá que impulsar las diligencias en la investigación previa por el caso de la deuda pública que involucra al expresidente Rafael Correa y 16 personas más. A Correa se lo vincula por la firma del decreto que cambió el registro de la deuda.