Fiscalizacion y transparencia

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Fiscalizacion y transparencia

El título de este comentario comprende conceptos vinculados a la ética, el uso de recursos públicos, y la conducta de directivos de entidades y funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de adquirir bienes o contratar obras públicas.

Pocas veces en la historia del Ecuador se ha demandado la fiscalización de los actos de altos funcionarios del Estado, como la reclamada en la actual coyuntura política, después del dilatado periodo del anterior gobierno, en el que se gastaron los más cuantiosos ingresos que ha tenido el país a lo largo de su vida republicana. Existe la percepción generalizada de que no hubo austeridad y que la Función de Transparencia y Control Social no controló el uso de fondos estatales.

Si no existió suficiente transparencia, fiscalizar es un imperativo ante las graves denuncias de corrupción con inocultables evidencias. Casos como la refinería de Esmeraldas, contrataciones con la compañía Odebrecht, con inversiones por miles de millones de dólares, ameritan en un mínimo de lealtad con el país, que se conozca la verdad; la ciudadanía tiene el derecho de saber quiénes se beneficiaron de estos escandalosos negociados. Si a estos dos emblemáticos casos de corrupción, se añade el inaceptable despilfarro de recursos en obras sin utilidad, como la refinería del Pacífico, aeropuertos subutilizados, obras cuyos costos referenciales fueron muy inferiores a su costo final, elevados precios en construcción o reconstrucción de carreteras, han creado en la mayoría de ecuatorianos la sensación de que se han manejado indecorosamente los dineros públicos. A nadie conviene más el esclarecimiento de los hechos que a quienes han sido parte del anterior gobierno, de lo contrario quedaría la sospecha de que todos son parte de un desenfrenado enriquecimiento inmoral. No transparentar casos denunciados, dejar que prevalezca la impunidad, sería una condenable injusticia social.

La Asamblea Nacional debe cumplir su rol fiscalizador, bloquearlo la descalifica ante la opinión pública y haría recordar aquel axioma de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.