Ocho autores y dos coautores. Así fue el dictamen acusatorio que presentó el fiscal Alex Castillo en el caso de posible peculado por los 216 millones de dólares en Bonos con Pacto de Recompra en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) cuya audiencia se instaló este lunes 10 de julio en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Entre los procesados se encuentran los generales retirados David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, ambos exdirectores del Isspol. Además, Jorge Chérrez, Luis Domínguez, entre otros sospechosos. 

El fiscal Castillo relató que el Isspol, desde 2013 a 2019 realizó las operaciones de compra de bonos con pacto de retroventa por 216 millones de dólares. De ellos, al menos 205 millones de dólares fueron con la empresa Ibcorp Investment and Business Group de Jorge Chérrez y 11 millones con Capital ventura, cuyo representante legal era Luis Domínguez. Relató que según el artículo 37 de la Ley de Mercado de Valores, el Isspol solo podía realizar el reporto bursátil que exige que los contratos no superen los 180 días estén debidamente registrados en el catastro público y queden en un custodio.

Pero en el caso del Isspol se inventaron la figura del Reporto Privado, que la Superintendencia de Compañías determinó que no existe en la ley. Pero que además se firmaron contratos por más de 300 y 700 o más días. El supuesto custodio era el Decevale que se conoció que subcontrató a ICS S.A. empresa del propio Jorge Chérrez. La audiencia sigue en el Complejo Judicial norte de Quito en su primero de varios días previstos por la jueza Irene Pérez. 

La reinstalación de la diligencia se había postergado por varias ocasiones por pedido de las partes procesales e incidentes que se presentaron en el proceso. Este lunes no iba a ser diferente pero la jueza Irene Pérez no dio paso a un pedido de nulidad que presentó Kléver Siguenza, defensor de Carlos Carbo Cox, uno de los sospechosos del presunto delito. Previamente la jueza escuchó a los abogados que citaron una resolución anterior de ella emitida en 2019. 

Primero el fiscal había señalado a la jueza que Carbo siempre contó con una defensa técnica de un profesional del Derecho y tuvo tres meses para conocer el expediente. "Parece que hay muy mala fe y deslealtad procesal", mencionó Castillo. El abogado del Isspol cuestionó que ya eran dos años desde el cierre de la instrucción fiscal y aún no había una definición en el caso. Coincidió con el fiscal en la posible mala fe y deslealtad procesal de los defensores que habían cerrado filas en torno al pedido del abogado Siguenza. 

La jueza se tomó 20 minutos para analizar y motivar la resolución. Razonó que no encontró se hayan vulnerado los derechos del procesado porque sí tuvo abogado y no aceptó el planteamiento. Dijo que el caso que, según los abogados era análogo y por el que había declarado la nulidad de una audiencia preparatoria no era parecido, que no había constancia en audio y por eso no dio paso al pedido y reinstaló la diligencia. Eso a pesar que abogados continuaban tratando de generar incidentes. La audiencia debía concluir a las 18:00 y continuar este martes 11 de julio para la presentación de los elementos de convicción que en caso de llegar a juicio se convertirán en pruebas. 

El coronel Renato González, director del Isspol, señaló que la audiencia ya ha tomado varios meses y no podía seguir. Pero insistió que con la resolución de la jueza se esperan avances en el expediente. 

Indicó que el caso, uno de los más de una decena que se abrió para investigar los casi 950 millones en inversiones riesgosas y sin sustento que hicieron las administraciones del seguro policial es por la inversión de 216 millones de dólares en el tramo denominado bonos con pacto de recompra donde, según el Isspol, existe una responsabilidad muy clara de Chérrez, Luis Álvarez Villamar, quien reconoció ante autoridades de Estados Unidos de "asesinatos en el caso del Isspol y eso es gravísimo, solo aquí en Ecuador la justicia no se entera de la gravedad del caso Isspol", comentó González. 

Para él, esa es la razón por la que deben avanzar los procesos y determinarse las responsabilidades judiciales. Paúl Ocaña dijo que su cliente Enrique Espinosa no tiene ninguna responsabilidad en el caso por lo que espera que no sea llamado a juicio.