Aunque el expresidente Lenín Moreno invocó varias normas constitucionales para evitar que se ordene su arresto, su defensa afrontó la férrea oposición del fiscal general subrogante Wilson Toainga, en una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Si su abogado David Meza pedía que a Lenín Moreno y a su esposa Rocío González se les permita presentarse en la Embajada de Ecuador, en Asunción, Paraguay, el fiscal Toainga solicitaba al juez que se gire la boleta de captura y se oficie a la Interpol para que, en el futuro, se emita una alerta de búsqueda y captura internacional.

Pese al criterio, el abogado de Moreno insistía con los arraigos. Su cliente es una persona de la tercera edad, con discapacidad del 81 %, con problemas de salud, al cuidado de su esposa y una enfermera y tiene un trabajo ad honorem para la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo contrato termina en 2025. Hasta presentó la copia notariada de la dirección en donde vive en Asunción.

Junto con Moreno, su hija Irina Moreno y otras siete personas procesadas por el caso Sinohydro enfrentaron el mismo pedido del fiscal: que se ordene la prisión preventiva.

Moreno es procesado por un presunto cohecho en el caso Sinohydro. Esta es una presunta trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, durante el gobierno de Rafael Correa, en el que fue su vicepresidente.

Según el fiscal Toainga, los diez procesados, entre estos los esposos Xavier Macías y María Auxiliadora Patiño, no se han presentado en la secretaría de la Corte Nacional.

En la audiencia de formulación de cargos, de marzo pasado, el juez Adrián Rojas dio medidas alternativas a la prisión para Moreno y su esposa.

Los esposos debían presentarse periódicamente en Ecuador. Pero debido a que ellos viven en Paraguay y no han regresado al país, en la audiencia de este miércoles se revisaron el cumplimiento de tales medidas cautelares.

La decisión está en manos del conjuez Bayardo Espinosa, quien está a cargo de la fase de instrucción fiscal. Debido a la abundancia de criterios, pues 16 de los 37 procesados hablaron y presentaron escritos, documentos de arraigo, escrituras e inmuebles, etc., el conjuez Espinosa suspendió la diligencia. En los próximos días se dará a conocer la fecha para la reinstalación y para conocer su fallo.

Uno de los procesados en asistir a la diligencia fue el empresario Francisco Chiriboga. Él solicitó que se le retire el grillete electrónico. No tiene problema con presentarse periódicamente o quedarse en el país, dijo. Además entregó un bien suyo para que se prohíba enajenar y se levante la orden de congelamiento de sus otras cuentas y propiedades, pues el valor que recibió de Recorsa fue mucho menor a lo congelado. “Estoy aquí dando la cara, no me iré”, dijo.

• La Imputación

Para la Fiscalía, la investigación del caso Sinohydro es por una presunta red de corrupción que se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, la megaobra más importante del correísmo.

• Los pagos

La acusación sostiene que los montos se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa, cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010, que abrió una cuenta bancaria en Panamá.

• Los procesados

La Fiscalía presentó cargos en contra de 37 personas, entre estos los familiares de Lenín Moreno y de Conto Patiño, abogados, empresarios, etc. Patiño asegura haber dado asesoría a la compañía Sinoydro para que ganara el contrato en 2009. Por ese trabajo habría recibido el 4 % del valor de la hidroeléctrica.