Fiscalia indaga violencia en Turi
“Se dirigieron al tercer piso, ingresaron a las celdas y sacaban a los internos mediante golpes con tolete y propagación de gas pimienta”. Así relató uno de los privados de la libertad del centro Turi de Cuenca, Azuay, la supuesta agresión policial.
Consta en una denuncia presentada en la Fiscalía con el patrocinio de la Defensoría Pública. El incidente se habría registrado el 31 de mayo pasado, a las 10:00.
Según la narración remitida a la Fiscalía, en esa acción cumplida en el pabellón de mediana seguridad JC habrían participado alrededor de 80 miembros del grupo UMO, policías de camuflaje y miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
En la denuncia se menciona que los hicieron colocar boca abajo y, nuevamente, los golpearon. Como evidencia, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) difundió en su página web fotografías de personas con golpes y moretones.
El incidente también fue conocido por el Ministerio de Justicia. Su titular, Ledy Zúñiga, dijo a EXPRESO que el caso está en investigación y fue el propio director del centro quien puso la denuncia.
¿Cuál es su versión? El 2 de junio, Paúl Tobar informó al fiscal de Azuay, Luis Rojas, que el 31 de mayo, Rafael Añazco, jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, solicitó autorización para efectuar un procedimiento rutinario. El permiso fue concedido. Tobar asegura que no estuvo presente y que, horas después, se enteró que “presumiblemente se utilizó fuerza excesiva por parte de la Policía”.
Él dice que intentó confirmar la información y encontró a los detenidos “en rebelión”. Envió su informe a la Fiscalía para la investigación.
La ministra Zúñiga aseguró que “de hecho estamos coordinando con las demás autoridades competentes a fin de que se sancione a los responsables”. La funcionaria dijo que “no permitimos abusos contra los derechos humanos de los PPL y demás actores del sistema penitenciario, creemos en su rehabilitación”. Para ella se trata de un hecho aislado.
La Fiscalía informó que el caso está en investigación previa por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público.
