Las elecciones presidenciales (cuestionadas por la oposición desde el ámbito político) también dejaron consecuencias judiciales. Al menos dos delitos se investigan: falsificación y uso de documento falso e incitación a la discordia.

En el primero están involucrados la firma encuestadora Cedatos y su principal Polibio Córdova. El martes, él rindió su versión sin juramento en la Fiscalía.

Esta instancia citó a unas 20 personas a la Unidad de Fe Pública, tras abrir una investigación previa por la denuncia de la asambleísta de PAIS Rosana Alvarado, por una supuesta manipulación de resultados de las encuestas de Cedatos.

Además de Córdova fueron convocados empleados de la encuestadora, integrantes de CREO y el propio excandidato presidencial Guillermo Lasso y su compañero Andrés Páez. La fiscal Cecilia Garzón convocó a ambos para que rindan su versión mañana por la tarde.

Pero las pesquisas no se quedan en Cedatos. La Fiscalía ahora también investiga a quienes, supuestamente, “incitaron a la discordia entre ciudadanos”. El delito está tipificado en el artículo 348 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con entre uno y tres años de cárcel.

El caso tiene relación con las protestas que militantes de CREO y ciudadanos mantuvieron, por casi 15 días, en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Uno de los primeros investigados es Fernando Balda, exasambleísta alterno de Alianza PAIS, exmilitante de Sociedad Patriótica y simpatizante de CREO. El fundamento de la investigación sería un discurso que dio en la tarima instalada frente al CNE y que circula en las redes sociales.

Este nuevo caso “no me asusta, no me doblega, no me detiene, lo recibo como otra batalla que enfrentar, otra medalla”, dijo Balda a Diario EXPRESO. MCV