MUERTOS EN LA PENI 2
Personal militar fue desplegado en todas las cárceles para colaborar en las acciones que emprendió la Policía para controlar la situación.CHRISTIAN VASCONEZ

Fiscales especializados tramitarán los casos derivados de los amotinamientos carcelarios

La Fiscalía informó en un comunicado que se ha conformado un equipo especializado de agentes para conocer las investigaciones

Un equipo especializado de fiscales se hará cargo de las investigaciones abiertas por los hechos suscitados, desde el martes 23 de febrero, en cuatro cárceles de tres provincias. 

La Fiscalía informó en un comunicado que por la naturaleza de los delitos el equipo será dirigido por el coordinador de la Unidad de Investigación contra la delincuencia Organizada transnacional (Unidot) y estará integrado por agentes fiscales y equipos de apoyo designados por las fiscalías provinciales. 

Los agentes harán planes de investigación conjunta con  los miembros del Sistema de Investigación y Ciencias Forenses.

El 23 de febrero en Guayas, Cotopaxi y Azuay se registraron violentos amotinamientos que dejaron más de 80 muertos y decenas de heridos. Tuvieron que intervenir policías y militares de Fierzas Armadas para retomar el control de las cárceles

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En los perímetros exteriores de los centros se ubicaron 1.200 militares para el control de armas, municiones y explosivos. La disputa por el control de los centros habría motivado las acciones violentas.

Este lunes en la Asamblea, el comandante de Policía Patricio Carrillo informó que la presencia policial en apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) se da desde 2014 por un convenio firmado por el entonces Ministerio del Interior con la desaparecida cartera de Justicia. 

Resaltó que el apoyo al SNAI desde ese entonces se ha dado desde riñas hasta eventos con secuestros a guías y agentes penitenciarios. Pero el oficial dijo que preocupa que la respuesta que han recibido a las acciones de la Policía es la impunidad. 

Citó que en más de 75 amotinamientos registrados desde 2014 no han habido sanciones administrativas o disciplinarias y muchos de los privados de la libertad que participan o perdieron la vida recibieron la prelibertad. Indicó que ese hecho "termina mirándose como recompensa" que les ha dado privilegios de ordenar.