Los ‘amicus curiae’ y quienes querían intervenir mañana en la audiencia virtual de seguimiento al cumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional, convocada por ese organismo para las 10:00, se quedarán con las ganas de exponer sus criterios.

En un auto emitido por el organismo constitucional solo se aceptó la intervención de la fiscal general Diana Salazar en la diligencia que apunta a verificar si las conductas del presidente, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el juez de Montecristi Leiver Quimis, por acción u omisión, de forma directa o indirecta o por aquiescencia, podrían estar encaminadas a contravenirlo. Ellos fueron convocados y serán escuchados.

En el auto de verificación del cumplimiento del caso se negó en cambio los pedidos para intervenir en la audiencia de ‘amicus curiae’ y otros sujetos con interés que presentaron el colectivo Acción Jurídica Popular, Gerardo Vinicio Tapia Santos, Gutemberh Vera Páez (papá de Alembert Vera y abogado del expresidente prófugo Rafael Correa) y el colectivo Ecuador Resiste, entre otros. (LEA ADEMÁS: "Siete nombres aguardan a la decisión de la Constitucional")

Acción Jurídica Popular es un colectivo en el que confluyen un medio centenar de abogados entre los que se cuentan por ejemplo a Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, preso en la cárcel 4 de Quito y sentenciado por un presunto delito sexual y Angélica Porras, exintegrante del Consejo de la Judicatura transitorio y Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

González es uno de los que firmó la petición para que el colectivo sea escuchado. El funcionario cree que la Corte Constitucional, al aceptar la participación de la fiscal general Diana Salazar y negar la suya, les discrimina para precautelar la voz del poder.

“Diana Salazar es quien hizo que la Corte active ‘de oficio’ la verificación del Dictamen del Transitorio y señaló que nosotros hemos iniciado una audiencia pública para que no se respeten las decisiones del CPCCS transitorio”, señaló.

El abogado se preguntó: “¿De qué tiene miedo la Corte? De que expliquemos que una veeduría o una audiencia pública, son procesos de participación ciudadana que tienen superpoderes o efecto jurídico alguno y que la ciudadanía se dé cuenta que los jueces de la Corte tienen conflicto de interés al ser jueces de su propia causa porque al menos 6 de ellos, son beneficiarios de este seguimiento de oficio”, dijo.

Rechazó lo que calificó como discriminación al colectivo y exigió que respeten los derechos, la Constitución y la ley.

En sus redes sociales Schettini cuestionó la decisión de la Corte de quienes dijo que se basan en la denuncia de plagio a la fiscal para querer destituir al Consejo de Participación Ciudadana. “Hasta cuando los ciudadanos vamos a soportar que funcionarios públicos, que jueces, que vulneren nuestros derechos como ciudadanos y ecuatorianos de exigir a las autoridades que rindan cuentas”, reclamó.

Para la Corte es procedente conceder la participación de la fiscal en la audiencia telemática que será este lunes porque la funcionaria en su escrito del 5 de junio de 2023 informó a ese ente que fue afectada directamente por el presunto incumplimiento del dictamen y fue uno de los elementos considerados por la Corte para dar inicio a la fase de seguimiento.

En un auto de verificación de cumplimiento dejó abierta la posibilidad de que los alegatos, presentados por escrito en los ‘amicus curiae’ (amigos del juez), serán considerados por este organismo para mejor resolver.

Además reforzó la decisión de realizar la audiencia de forma virtual y no presencial como solicitaron varios peticionarios.

Ese organismo reivindicó que el pleno es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales y puede expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia, evaluar el impacto de las medidas de reparación y modificar las mismas.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, cree que la Corte Constitucional actuó correctamente en el caso de los ‘amicus curiae’. Puntualiza que esa figura está contemplada para acciones constitucionales sean acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus o habeas data. “Pero en este caso lo que ha llamado la Corte Constitucional es a una fase de seguimiento y al existir una fase de seguimiento es diverso el trámite y el proceso en el que se va a determinar si en efecto se han cumplido o no se ha cumplido la sentencia a la que hace referencia por parte de las autoridades”.

Por eso refuerza que en este caso el órgano constitucional hizo lo correcto y eso es no aceptar los ‘amicus curiae’, es decir al tercero imparcial que quiere intervenir.

El hecho que complicó la estabilidad de Vera y los consejeros en Participación se originó en la decisión del juez Quimis de Montecristi que dispuso que el Consejo integre una veeduría ciudadana para evaluar los actos administrativos del Consejo de Participación Transitorio que fue liderado por Julio César Trujillo (+), relacionados con el cese y la designación de jueces de la Corte Constitucional.

Ni bien se emitió la resolución del juez de Montecristi, Vera aceptó el fallo sin siquiera apelar el mismo ante la Corte de Manabí. Incluso había calificado como actos ‘atroces’ los cometidos en la administración de Trujillo. Invitó a todos los afectados por esas resoluciones a que inscriban como veedores. Sus actuaciones no han sido compartidas del todo por los miembros de Participación. La consejera Mishelle Calvache reveló que “existen dos vulneraciones al dictamen de la Corte Constitucional, primero fue el tema de la fiscal general, en la que están inmersos cuatro vocales del CPCCS”, apuntó.

Durante el seguimiento que efectúa la Corte se recibió información de todas las instancias relacionadas con el tema.

A finales de junio el Consejo inició una investigación en contra de la fiscal Salazar por presunto delito de tráfico de influencias, plagio de trabajos académicos por una supuesta copia de tesis y artículo de la Universidad Central. En la red social X (antes Twitter) Vera indicaba que con la resolución se defiende el derecho de los ciudadanos de participación y control a las autoridades y funcionarios del país. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "Corte Constitucional: audiencia para seguir dictamen con tres ‘amicus curiae’")

La Corte señaló en un auto de verificación de cumplimiento que sus alegatos, presentados por escrito, serán considerados por este organismo para mejor resolver. Además se negó la solicitud de que la audiencia se realice de forma presencial.

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