La audiencia de seguimiento del dictamen que blindó las decisiones del Consejo de Participación transitorio que se llevará a cabo en la Corte Constitucional (CC) el próximo lunes 25 de septiembre con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene, además de las partes, otros interesados.

Hasta este 21 de septiembre de 2023, en el registro digital de la causa que es sustentada por la jueza Teresa Nuques se habían ingresado tres pedidos de ‘amicus curiae’ (amigos de la corte) que buscan participar en la diligencia.

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Quienes acuden a esta figura son terceros ajenos a la disputa, pero que pueden aportar a la Corte con argumentos u opiniones que pueden servir como un elemento de juicio, señalan varias concepciones al respecto.

Uno de los que presentó este recurso es el abogado Gutemberg Vera, padre del presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera. Ambos, fueron abogados del entonces presidente de la República, Rafael Correa, en el juicio que este siguió contra diario El Universo.

En su escrito, Vera señala que acude para evitar que la justicia constitucional actúe sin competencia y destituya a dignatarios que han sido elegidos por votación popular, lo que contravendría decisiones anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Gutemberg Vera lanza una premonición en el sentido de que, si pese a su advertencia los jueces insisten en la destitución, “la CIDH sancionará al Estado ecuatoriano como ya lo hizo cuando el Congreso del Ecuador destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los vocales del Tribunal Constitucional”.

Sin embargo, varios juristas tienen otro punto de vista en el sentido de que, a diferencia de otros organismos, la Corte Constitucional sí cuenta con capacidad jurisdiccional al ser el máximo tribunal constitucional del país, por lo que no cabría ninguna sanción internacional.

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