Asegura que confía, pero en el fondo no se fía. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, anunció este 19 de septiembre de 2023 que presentará demandas y medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Así, busca adelantarse al desenlace del seguimiento al cumplimiento de dictamen que lleva adelante la Corte Constitucional (CC) y que podría concluir con la destitución de varios vocales del CPCCS, si se llega a demostrar que vulneraron el blindaje que en 2019 se dio a las decisiones del Consejo de Participación transitorio.

Vera convocó a los medios de comunicación para esbozar lo que será su defensa en la audiencia que fue convocada para el 25 de septiembre, pero también para lanzar esta suerte de advertencia de que “no se puede destituir a funcionarios electos por decisión popular, salvo cuando exista sentencia penal”. De ahí que acude a instancias internacionales, donde dice que hay antecedentes.

(Le invitamos a leer: El plan 'Liga Azul' tambalea)

El anuncio no ha estado exento de críticas. El penalista Ramiro García le dijo a EXPRESO que si la intención de anunciar que acudirá a organismos internacionales es presionar a la Corte Constitucional, podría no tener el efecto deseado, porque entre ellos hay jueces, como Daniela Salazar, que han trabajado de cerca con el Sistema Interamericano y tienen claros los alcances de un pedido de este tipo.

“El anuncio responde a un evidente desconocimiento de cómo funciona el sistema de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debería revisar la normativa que se encuentra vigente, la misma que fue implementada luego de los reclamos del entonces presidente Rafael Correa que cuestionó la potestad de ese organismo de emitir medidas cautelares”, recordó García.

La decisión, al parecer, tampoco fue adoptada en consenso por el pleno del Consejo de Participación. Por ejemplo, al ser consultada sobre el pedido de medidas cautelares que anunció Alembert Vera, la consejera Mishelle Calvache se limitó a decir “lo escuché, pero es un absurdo la verdad”.

(También, le puede interesar: Corte Constitucional: la audiencia, punto de quiebre en la toma de una decisión)

El presidente del CPCCS mencionó como antecedente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de anular la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (hoy presidente de Colombia), que fue ordenada por la Procuraduría de ese país en 2013.

Sin embargo, para el constitucionalista André Benavides, ambos casos no se equipararían. Esto, porque en el caso colombiano la instancia que tomó la decisión contra Petro fue una de tipo administrativo, en tanto que la Corte Constitucional tiene jurisdicción y no se trata de cualquier instancia en la estructura del Estado.

“Si la idea es presionar, creo que jurídicamente hablando no tendrá ningún resultado favorable. Los jueces tienen que pararse firmes y tomar la decisión que corresponda. Caso contrario, si no destituye a estos funcionarios, se abrirá un precedente para que cualquier persona piense que está por encima de sus decisiones”, añadió Benavides.

(Puede encontrar: La veeduría ciudadana para el Consejo transitorio va tomando rostro)

Aunque la defensa que presentará en la Corte sigue armando los argumentos del presidente del CPCCS y, probablemente, de quienes lo acompañan en la mayoría, serán los ya conocidos: que no llegaron a tomar una resolución en torno a una denuncia presentada contra la fiscal Diana Salazar y que tampoco fue una decisión del pleno conformar una veeduría ciudadana, sino una orden del juez de Montecristi, Leiver Quimis, que también fue llamado a la audiencia de la Corte.

La veeduría avanza sin freno

Mientras tanto, la conformación de la veeduría ciudadana no se detiene. Ayer, se pudo conocer que de las 41 postulaciones que hubo en la etapa de inscripción, preliminarmente 19 carpetas habían pasado la fase de verificación y fueron admitidas.

El siguiente paso sería entrar en la etapa de planificación y una de capacitación, previo al inicio de las funciones de la veeduría.

Entre los postulantes, había algunos nombres familiares como el de Graciela Mora, quien fue consejera de Participación en el anterior período y, en su momento, contó con el apoyo de la Revolución Ciudadana para aquello.

Al ser consultado sobre el avance del proceso de conformación de la veeduría que fue ordenada por el juez Leiver Quimis y acatada de inmediato por Alembert Vera, este último aseguró ayer desconocer en qué iba el proceso, porque hay cerca de 200 veedurías en curso. Ratificó que la veeduría no se encuentra aún conformada y menos operativa, sino en proceso.

Para seguir leyendo sin límites, SUSCRÍBETE A EXPRESO