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Alembert Vera dijo que los interesados en conformar la veeduría deberán pasar por algunos procesos previos.Henry Lapo/ EXPRESO

La veeduría tiene 40 interesados, mientras la Corte sigue sin pronunciarse

El presidente del CPCCS insiste en que no ha sido aún creada. Sin embargo, asegura que no tiene potestad para frenar su conformación

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dio a conocer este 13 de septiembre de 2023 que 40 personas se inscribieron para conformar la veeduría ciudadana que revise algunas actuaciones del Consejo de Participación transitorio.

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Alembert Vera, presidente del CPCCS, dijo que para que quede establecida la veeduría tiene que completarse un procedimiento administrativo que incluye la revisión de las hojas de vida de los inscritos y que hay hasta una fase de impugnación ciudadana.

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El funcionario ratificó que el proceso continúa porque no están facultados para no cumplir una sentencia, en este caso del juez de Montecristi, Leiver Quimis, que ordenó la conformación de esta veeduría por un pedido de una ciudadana.

¿Qué podría detenerla? “Necesitamos o bien que en la apelación en la Corte Provincial de Manabí nos ordene detener la veeduría o en su defecto en la fase de examen, investigación o verificación que está llevando la Corte Constitucional también se exprese de esta manera”, dijo Vera.

En funcionario reconoció que están a la expectativa de la verificación de cumplimiento de la sentencia que lleva adelante la Corte Constitucional y de la resolución que adopten los jueces sobre la posibilidad que exista la veeduría.

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Se prevé que el organismo constitucional se reúna este 13 de septiembre para continuar analizando la información que ha recibido desde la Fiscalía General del Estado, el propio CPCCS y el juez Quimis de Manabí y empezar a elaborar un borrador de resolución.

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En la Corte Constitucional hay hermetismo sobre el desarrollo de la fase de verificación y sus resultados. Extraoficialmente, se conoce que habría dos corrientes: una que apuesta por la advertencia a los funcionarios que podrían haber intentado incumplir un fallo de la Corte y otra que considera que hay que destituir a quienes viabilizaron el inicio de la creación de la veeduría.

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