En la búsqueda de más elementos. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hay todo un movimiento, conjunto y por separado, por reunir pruebas de descargo que les aleje de cualquier indicio de que incumplieron un dictamen de la Corte Constitucional (CC).

Esto, a una semana de que se desarrolle la audiencia convocada por los jueces constitucionales para determinar si, en al menos, dos momentos se pudo haber incumplido la decisión adoptada en 2019 de ‘blindar’ las acciones del Consejo de Participación de transición.

Para el abogado constitucionalista Salim Zaidan esta audiencia será de vital importancia para determinar el futuro de los consejeros de Participación que son observados por dos temas: la evaluación a la designación de la fiscal general, Diana Salazar, y la conformación de una veeduría que evalúe el cese y designación de la Corte Constitucional.

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“Estas audiencias sirven para tener más elementos y evaluar la información escrita que ya ha sido solicitada. Es correcto que los hayan convocado antes de tomar cualquier decisión, porque todos tenemos derecho a la defensa y a que expliquen exactamente el alcance de sus decisiones”, señaló Zaidan.

Y en eso están. El fin de semana, en una accidentada sesión, la mayoría del CPCCS liderada por Alembert Vera y secundada por Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos aprobó un informe afirmando que no tomó una resolución sobre la designación de Salazar, aunque aceptó una denuncia de Acción Jurídica Popular en su contra y algunos consejeros avalaron con su presencia las audiencias llamadas para el efecto.

Votaron en contra la vicepresidenta Nicole Bonifaz y los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni. Este último asegura que los cuatro sí irrespetaron el proceso de designación de la fiscal, en tanto que Vera y otros funcionarios serían responsables en la conformación de la veeduría ciudadana que fue la gota que derramó el vaso y provocó el inicio de la fase de seguimiento de dictamen.

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“Es lamentable que haya una sesión de pleno y no nos pasen siquiera los insumos. Esto es algo que lo hacen siempre de forma consecutiva y autoritaria; nos pasan la información y dictan que tomemos postura sobre algo que no fue entregado con anticipación”, dijo Fantoni a Teleamazonas.

El exjuez de la Corte Constitucional Antonio Gagliardo explicó que llamar a la audiencia es potestad de los jueces para oír a los posibles incumplidores de una decisión constitucional. Pudiendo defenderse ellos directamente o a través de sus abogados.

¿Qué viene luego? “No en la misma audiencia, en otra fecha, el pleno se deberá reunir para revisar informes de seguimiento, de ser el caso, tomar una decisión y definir si hay un incumplimiento total o parcial. Aquí la única sanción que cabe, de encontrarse que hubo incumplimiento flagrante, es la destitución del cargo, no hay una sanción intermedia”, señaló el jurista.

Defensa

El presidente del CPCCS, Alembert Vera, se referirá hoy a la audiencia convocada por la Corte Constitucional para el 25 de septiembre próximo. El funcionario asegura que la veeduría ciudadana no fue aprobada por el pleno, ya que es una sentencia emitida por el juez de Montecristi Leiver Quimis.

Interesados

Eventualmente, la Corte podría permitir ‘amicus curiae’, es decir, terceros interesados, aunque el exjuez Gallardo considera que no sería conveniente, porque se podría politizar. Recordó además que las sentencias y decisiones de los jueces son de última instancia y ante cualquier decisión solo cabe la aclaración y ampliación.

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