La fiscal rebelde acorralada por el Gobierno de Maduro

Cada decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) incrementa la tensión en Venezuela. El blanco favorito de las últimas semanas es la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La abierta guerra entre la máxima representante del Ministerio Público y los magistrados que interpretan la Constitución mantiene al país pendiente de la evolución de un conflicto que está llegando al clímax. La Sala Constitucional decidió el miércoles no dejar a Ortega viajar fuera del país, congelar sus cuentas e impedirle que venda o grave sus propiedades mientras decide si hay méritos para enjuiciarla. La audiencia será el 4 de julio.

La decisión es una respuesta a la demanda por “faltas graves en el ejercicio de su cargo” introducida hace dos semanas por un diputado chavista. El régimen busca anular a Ortega, convertida en la voz de la deriva crítica del chavismo, porque su deserción le ha dado además mucho brío a la insurrección popular que desde hace casi tres meses mantiene en jaque al presidente Nicolás Maduro.

La citación a Ortega completa la maniobra iniciada el martes en la noche, cuando el Supremo anuló la designación del vicefiscal general y decidió que nombraría al número dos del Ministerio Público.

En contrapartida, la fiscal Luisa Ortega pidió ayer a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ratificar al vicefiscal Rafael González, luego de que su designación, hecha por la funcionaria, fuera considerada nula por el TSJ.

La independencia de Ortega ha provocado que se estén ventilando en la jurisdicción militar los juicios de algunas personas detenidas durante las actuales protestas.

Decenas de jóvenes fueron detenidos por la policía durante una marcha que pretendía llegar ayer a la sede del poder electoral en Caracas y que fue dispersada con gases y perdigones. “Se llevaron como a 20 o 30 personas, y se los llevaron a un (camión) que no tenía placa ni nada. ¿Dónde están esos estudiantes? ¿Qué va a ser la vida de esas personas? Están desaparecidos”, dijo llorando una mujer en la zona del operativo.

Entretanto, las autoridades proseguían la búsqueda de Óscar Pérez, el piloto de un helicóptero acusado de comandar la tarde del martes un “ataque terrorista” contra la sede del máximo tribunal en Caracas, en medio del escepticismo de algunos venezolanos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó ayer tras reunirse con su homólogo de EE. UU., Rex Tillerson, que “hay que seguir aumentando la presión para que Venezuela vuelva a ser una democracia”, e indicó que se trabaja sobre un posible encuentro entre los presidentes Mariano Rajoy y Donald Trump para otoño.

Conexas

Diplomacia

En busca de reacciones

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, les mostró ayer a un grupo de diplomáticos, entre ellos de Corea del Norte, Irán, Egipto, El Salvador, Ecuador y Trinidad y Tobago, los daños que causó el “atentado terrorista” del martes, y los exhortó a convertirse en “multiplicadores de la verdad” sobre este hecho.

Represión

Imputado un alto exmilitar

La Fiscalía imputó ayer al general Antonio Benavides Torres, quien hasta el 20 de junio fue comandante de la Guardia Nacional, por supuestas “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” durante los casi tres meses de protestas opositoras contra el régimen de Maduro.