Un par de certezas se construyen en la Asamblea. La primera, el fiscal Carlos Baca parece estar seguro que será censurado y destituido. La segunda, él tiene pocos fans entre los integrantes de la Comisión de Fiscalización que, ayer, durante cuatro horas y media escucharon su defensa. Ellos redactarán el informe para el Pleno en el que recomendarán el archivo del proceso o el juicio político.

Baca es acusado por incumplimiento de funciones tras haber difundido un audio, antes de judicializarlo, en el que el prófugo Carlos Pólit y el extitular de la Asamblea, José Serrano, “conspiraban” para sacarlo del puesto.

Ayer, a las 09:54, Baca ingresó a la sala pero, a esa hora, ninguno de los asambleístas había llegado. Siete minutos después entró la presidenta (e), de la mesa, Kharla Chávez, y detrás todos los demás.

A las 10:10 empezó la defensa. Sus argumentos se pueden resumir en tres. Lo primero que quiso posicionar es la idea de que un proceso en su contra afectará a la Fiscalía, pondrá en riesgo la investigación de los casos de corrupción (unos 31 los más importantes, según él). Habló de un riesgo institucional y de impunidad. “Si la decisión política es deshacerse de Baca, perfecto. Pero es el mensaje equivocado”, dijo. Negó un supuesto incumplimiento de funciones.

Después cargó contra la Asamblea, los legisladores y contra las pruebas que han presentado. El fiscal asegura que se ha violado el debido proceso. Y dio sus razones. La primera, el Pleno de la Asamblea aprobó en una sola resolución la destitución de Serrano y su llamado a juicio. “Luego dijeron ¿y ahora por qué lo enjuiciamos?”, denunció. La segunda, aunque el juicio debía ser por el famoso audio, “en el camino fueron metiendo cosas para medio, medio sostener el juicio”. Rechazó que se haya incluido, por ejemplo, los casos Odebrecht o el 30S. La tercera, lamentó que, siendo él la “víctima de la conspiración”, sea enjuiciado por denunciarlo. “¿Querían que me quede callado para evitar el bochorno?”, preguntó.

Y aprovechó para cuestionar a Serrano. Además de señalarlo por pactar con un prófugo de la justicia (Pólit), lo acusó de haber “montado todo el lío del parte policial”. Intentó defender la validez del documento con el cual, supuestamente, fue alertado sobre la existencia del audio en las redes sociales pero que luego fue desmentido. Y dejó sembrada una duda: Baca denunció que los días previos a este lío, las cámaras de seguridad de la Asamblea (las que tienen el registro de acceso a la presidencia) fueron borradas. Con esos vídeos, él quería probar la relación de Serrano con el policía que hizo el parte y luego se arrepintió.

Finalmente, Baca echó mano de un argumento que, algunos asambleístas sintieron como una advertencia: les recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó estándares mínimos para los juicios políticos, precisamente, para evitar “el abuso de las mayorías parlamentarias”.

La respuesta de los legisladores fue igual de amplia. Ellos recordaron a Baca, por ejemplo, su elección a manos de un Consejo de Participación cuestionado. También le precisaron que era su obligación responder sobre todos los temas de su gestión: pidieron respuestas por el presunto informe de Contraloría sobre los pagos ilegales que habría recibido de la Senain y sobre el proceso contra el exvicepresidente Jorge Glas. “Nos debe muchas respuestas”, dijeron. Tampoco aceptaron que Baca intentara, dijeron, darles cátedra sobre el juicio, pero que tras eso, amenazarlos.