Una firma pesa... más ahora en época preelectoral. El ciudadano tiene el poder, con su rúbrica, de avalar la creación de 123 organizaciones políticas que, a la fecha, están a la caza de firmas. De ellas, 35 son nacionales y 63 provinciales, según Nubia Villacís, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral.

En este momento hay batallones de personas en parques, plazas, mercados, esquinas y hasta en los exteriores de centros comerciales de todo el país buscando uno de estos garabatos para poder inscribir a sus agrupaciones políticas.

Los únicos habilitados para firmar son los ciudadanos con derecho al voto, es decir los mayores de 18 años (menos los jueces, funcionarios del CNE y TCE) y con voto facultativo (menos los policías y militares). Sin embargo, si una persona dio su firma por una organización, no puede darla por otra. No importa el lugar, el tiempo o el contexto político en que este registro fue cedido a la organización. Queda registrado en la base de datos del Consejo Nacional Electoral como afiliado o adherente.

La única manera de liberar el registro es desafiliándose (ver apoyo). ¿Y si no sabe si está o no afiliado a una organización? En las delegaciones provinciales electorales se puede solicitar un certificado de apoliticismo, es decir que no pertenece a un partido.

Wilson Sánchez, director nacional del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (en fase de inscripción), cree que debería permitirse que los firmantes por una organización local puedan también conceder su rúbrica a una nacional, y viceversa. Así se abrirían las posibilidades de encontrar registros habilitados.

Aquí surge un problema: hay escasez de firmas. “Es muy difícil llevar firmas válidas porque la mayoría de gente que firma ya lo ha hecho por otra organización política o repiten las firmas para la misma organización. De tal forma que de cinco firmas que entran, quizás cuatro no sirven”, reconoce Villacís.

Un considerable número de los registros están con los partidos y movimientos ya inscritos. Son 13 nacionales que suman 3’171.295 firmas; sin contar las rúbricas de los 49 movimientos provinciales, 82 cantonales, y 14 parroquiales también inscritos.

¿No sería más fácil conocer los nombres de los ciudadanos afiliados? No es posible. La afiliación política, puntualiza Villacís, es una información personal que no puede ser divulgada por el ente electoral.

Wilma Andrade, presidenta del partido Izquierda Democrática (también en fase de inscripción), considera que la prohibición debería revisarse. “No es claro que la organización a la que se elimina la firma no conozca a qué agrupación está afiliado quien fue descartado”.

El tiempo corre. Tienen hasta el 18 de julio (las nacionales y provinciales) para presentar las firmas al CNE si quieren abrirse espacio en la papeleta electoral de febrero de 2017.