El próximo miércoles se convocará oficialmente a un nuevo período electoral en el Ecuador. Al respecto existen temas pendientes que valdría dilucidar antes de que empiece la campaña en febrero y culmine en marzo del próximo año.

Uno clave es contar con el denominado Código de la Democracia sometido a reformas profundas, dado que no hay tiempo para elaborar una nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.

Las últimas actuaciones del Consejo Nacional Electoral a cargo del proceso anterior generaron muchas dudas en el criterio de una buena parte de los electores. Por ello los dignatarios del actual han procedido a revisar y purificar en parte a los padrones y han sometido a debate la legislación.

Tema crítico en ese proceso de revisión es el vinculado con el financiamiento a las campañas y al acontecer de la vida política en general. Se percibe sin mucho esfuerzo, peor todavía en tiempos de crisis económica, que mucha gente no entiende por qué el Estado, es decir todos nosotros a través de los impuestos, tenemos que contribuir al sostenimiento de los partidos políticos, y luego algunos de sus dirigentes usan de manera dispendiosas esos recursos, desvirtuando los fines con que inicialmente se concibió tal contribución. Mientras tanto, es lamentable la inercia en que permanecen las agrupaciones políticas en los periodos interelectorales, olvidando cumplir su rol de intermediarios entre las necesidades del conglomerado y quienes por voluntad popular lo dirigen. Todo ello, entre otros comportamientos como los que aún están sin ser sancionados en el seno de la Asamblea Legislativa, ha dado paso a que se levanten voces, cada vez con mayor volumen, que clamen por la eliminación del denominado Fondo Partidario, de modo que sea la militancia la que sufrague los requerimientos financieros de la acción política. Está claro que sin financiamiento no hay posibilidad de llevarla adelante. Bien se ha dicho que la democracia no tiene precio pero sí lo tiene su funcionamiento.

Habrá entonces que trasparentar las fuentes de recursos para poder controlarlas, en monto y origen, sin el riesgo de que dinero proveniente de las distantes redes delincuenciales que operan en el país financie a la acción política de movimientos y partidos.