Serán públicas. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios se colgarán en la web de la Contraloría. Así todos podrán leerlas. Pero no seá necesario realizarlas ante notario.

Ese es el cambio más importante en la ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas, que aprobó ayer la Asamblea. Se compilarán en la página electrónica de la Contraloría. Eso significa que los notarios perderán 600.000 clientes, que son servidores públicos, con una facturación de 12 millones de dólares.

“Las declaraciones patrimoniales juradas son documentos públicos, pero los exámenes especiales sobre ellas son reservados”, explicó el ponente de la ley y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Fabián Solano.

La nueva normativa pasó con 83 votos a favor, 12 negativos y cinco abstenciones.

La sesión para el segundo debate se abrió, suspendió y reabrió porque el oficialismo tenía algunas discrepancias con el texto inicial: un grupo quería que estas ‘confesiones en papel’ se divulguen; otro no.

La asambleísta de Alianza PAIS, Alexandra Ocles, dijo a EXPRESO que “había temas que consolidar”. La principal observación y preocupación era ante quién se hacía la declaración. Por ejemplo, “si hay un perjurio ante quién se configura ese delito”, dijo. Ella agregó que es fácil llenar un formulario. Pero, en algunos casos, no se incluye toda la información. “¿Quién es juez y parte? ¿La Contraloría? Eran algunas de nuestras inquietudes”, indica.

Al final, la mesa recogió algunas de las observaciones que se hicieron en el plenario. Por ejemplo, se eliminó la presunción de enriquecimiento ilícito para los funcionarios que presenten esas declaraciones algunos días después de salir de la función pública. Esto se hizo porque la Constitución lo establece en el artículo 231, expuso el ponente.

Se cambió el artículo 16, a pedido del jefe de bloque de CREO, Patricio Donoso, para que los documentos sean públicos. “El que nada debe, nada teme”, insistió Solano.

Por eso, se eliminó el artículo que le daba la categoría de reservadas a estas declaraciones. “No rige el sigilo ni la reserva previstos en el capítulo 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero”, dice la ley.

El legislador de CREO, Ricardo Moncayo, cree que algunos asambleístas consideran esta ley como un boomerang: “Este es un problema político, no de eficiencia. El oficialismo no quiere que se mire esto como algo que no permitirá el control del enriquecimiento ilícito”.