El femicidio, el final del maltrato a la mujer
En 2016 (hasta finales de noviembre), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhus) registró 80 casos de femicidio, en 16 provincias. Pichincha reportó el mayor número: 16; seguida de Guayas con 14, Manabí 11 y El Oro 7. En 15 de los hechos, el
Le pidió perdón y le prometió que nunca más lo volvería a hacer. Una promesa que se hacía familiar en ‘Maritza’, pero que -esta vez- decidió no creerla y hacer un alto a la violencia intrafamiliar que vivió en su hogar. Con las lesiones físicas y las heridas internas, la mujer prefirió denunciar a su esposo por la que sería la última agresión de su vida.
Una decisión que podría poner fin a una relación de quince años de maltratos que sufrió; y, por los que ahora el hombre guarda prisión y deberá indemnizarla con 100 dólares, más $ 200 de manutención para cuatro de los siete hijos que procreó con el agresor.
Hoy ‘Maritza’ vive para contar el martirio que sufrió media vida. El pasado miércoles, dos policías evitaron que termine ‘descuartizada’ y como víctima de femicidio.
En 2016 (hasta finales de noviembre), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhus) registró 80 casos de femicidio, en 16 provincias. Pichincha reportó el mayor número: 16; seguida de Guayas con 14, Manabí 11 y El Oro 7. En 15 de los hechos, el responsable se suicidó.
Una situación que no parece variar en este año. En lo que va del 2017 (veinte días) nueve mujeres han muerto a manos de sus parejas o exconvivientes, a escala nacional.
Tras la tipificación de femicidio, la fiscal Tania Moreno lo consideró como “un gran paso de la legislación ecuatoriana”.
Pero eso no parece suficiente para detener la violencia contra la mujer en el hogar. Algo que, a decir del Cedhus, “tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación en su contra. Su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.
El fiscal de Personas y Garantías, César Peña, quien investiga el primer caso de femicidio de 2017, en Guayaquil (Guayas), señala que como antesala al femicidio se registra una denuncia de violencia intrafamiliar, sea de carácter psicológico, verbal o físico del hombre hacia la mujer.
“Cuando llega este tipo de denuncias, inmediatamente la Fiscalía le pide al juez de Garantías Penales las medidas de protección como: boleta de auxilio a favor de la víctima, orden de restricción, tratamiento psicológico u otras”, dice Peña.
Pero muchos de los contraventores o procesados no hacen caso a las órdenes de las autoridades y persiguen a su pareja para exigirle que regrese con él o terminar la relación, pero con la muerte de ella.
Como patrón, el fiscal observa que en ese tipo de casos la víctima presenta gran cantidad de puñaladas, lo que demostraría la saña con la que actúa el victimario y “la celopatía del hombre, el machismo, el querer dominarla”.
Un factor común, señala el Cedhus, es que las víctimas padecen agresiones extremas: estrangulación, decapitación, mutilación y violencia sexual, denotando crueldad, odio, saña y desprecio en su contra.
Una sanción más fuerte
Tras la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la sanción por la muerte de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, pasó de 25 a 26 años de cárcel, como pena máxima. Ahora, las circunstancias agravantes aumentan la condena a 34 años 6 meses de prisión. Una agravante, cometer el delito en presencia de los hijos que sufren un grave daño psicológico: su mamá muerta, el padre detenido, prófugo o suicidado.