Bernardo Tobar Carrión | Barbas en remojo

Se había negado la objeción de inmunidad que opuso Pinochet contra su extradición en 1998, mas, en aplicación del principio de “apariencia de imparcialidad”, se anuló el proceso al descubrirse que uno de los miembros del panel tenía vínculos con Amnesty International, contraria al exdictador chileno. Porter vs. Magill reiteró esta regla, que se abrió camino en el derecho comparado y fue recogida expresamente en los Principios de Bangalore, aplicables en nuestro sistema por remisión constitucional.

La imparcialidad se quebranta si se erosiona su apariencia, no sólo si se demuestra un interés directo o indirecto del juez. Porque el derecho a recibir un fallo imparcial incluye también el de conducir la defensa en un marco de confianza legítima en la conducta judicial, corolario de la seguridad jurídica. Esta apariencia de imparcialidad es anulada por el activismo, la militancia con ciertas causas, la vinculación a organizaciones que las defienden, entre otros factores.

Esto ha ocurrido en la Corte Constitucional en varias ocasiones en que una mayoría de cruzados por los derechos de la naturaleza y otras causas de factura alternativa han cabalgado sobre su investidura para adelantar agendas preconcebidas, abriendo las puertas al matrimonio igualitario -contra norma constitucional expresa-, a la consulta del Yasuní -que desconoce derechos adquiridos y pone en riesgo la viabilidad fiscal-, y a precedentes que siguen más una postura ideológica que el texto constitucional, en tanto las cerró tratándose de materia económica, de crecimiento de empresas y empleos, de no confiscación a la propiedad de herederos, cuya exención del impuesto a la herencia eliminó.

Hoy la Corte ha dado paso a la consulta sobre las horas extras, pero con una posición más rígida a la que tuvo en un dictamen previo sobre la misma materia -el 1-24-RC/24-, que habilitaba la enmienda sin discriminar sectores.

Soy contrario al juicio político a los jueces, por razones que ya he comentado en esta columna. Pero la Corte está perdiendo la oportunidad de reivindicarse, de aprovechar la crisis del asedio político para superar sus propios prejuicios y reposicionarse, de mostrar una cara dispuesta a ejercer el neoconstitucionalismo para las causas del bien común y no solo las que interesan a ciertas minorías prevalidas de privilegios. ¿Sabrá rectificar o seguirá poniendo las barbas en remojo?