Las amenazas que recibió hace dos semanas Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, obligaron a la Policía Nacional a reforzar la seguridad de la funcionaria y del equipo pericial que será el encargado de la reconstrucción del tercer informe del caso Gabela.

El perito Roberto Meza Niella se alista para anunciar este jueves si es factible o no la tarea dispuesta por la Corte Constitucional en la sentencia que ordenó recomponer el informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ocurrido en diciembre de 2010. La revisión previa del material está casi concluida.

Ese documento desapareció durante el correísmo y contendría los nombres de los autores intelectuales del asesinato de Gabela. La tarde del pasado 16 de mayo el equipo pericial conformado por cuatro expertos argentinos recibió 18 cajas con documentos recopilados en unas 45 entidades. Ni la Asamblea ni la Fiscalía entregaron informes.

Todos son relacionados con los insumos que utilizó el perito Meza cuando fue contratado por el gobierno del prófugo expresidente Rafael Correa para determinar las causas del asesinato del oficial. “Son muchos documentos, pero vamos bien”, señaló el perito Meza.

Además reiteró que no tienen miedo a las amenazas y seguirán hasta reconstruir el informe. Desde el asesinato de Gabela se han producido no menos de una docena de advertencias a quienes abordaban el caso. Han llegado por cartas, por llamadas, por mensajes a terceros y con ramos de flores.

Los han recibido indirectamente su viuda Patricia Ochoa, su abogado Ramiro Román, el perito Meza, la exasambleísta Jeannine Cruz y actual presidenta del Consejo de Comunicación, así como periodistas e investigadores. ¿De dónde vienen las amenazas? Las pistas apuntan a generales retirados, vendedores de armas y políticos, señaló Ochoa.

Cruz aclaró que la parte de criminalística la hace el perito. “Nosotros lo que procuramos es que todo salga de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional y en compromiso con la verdad, la familia y el país”.

“Las amenazas no nos intimidan. Es muy importante que los que amenazan entiendan que nosotros no somos ni jueces ni fiscales, ni dictaminamos culpables o inocentes”, ratificó.

En su caso no es la primera vez que experimenta las intimidaciones. Recuerda que en 2018, cuando integraba la comisión del caso en la Asamblea, ya recibieron advertencias por solicitar la comparecencia de expersonajes. Hubo seguimientos, llamadas y otros avisos.

Román considera que en el caso aún hay muchos responsables que no han sido tocados, especialmente en el ámbito penal. Menciona, por ejemplo, a miembros de la entonces Junta de Defensa Nacional que definieron la contratación y compra de los helicópteros Dhruv, proceso denunciado por Gabela.

Las sospechas de Román apuntan a que la investigación del caso Gabela estaría conectada al proceso que se sigue en contra de 18 sospechosos de peculado en la compra de los siete helicópteros Dhruv, cuatro de los cuales se accidentaron.

Justamente el día y a la hora que Cruz fue amenazada, en la Corte Nacional el juez Luis Rivera debía anunciar si llamaba o no a juicio a los sospechosos. La audiencia no se instaló por ausencia de la fiscal Diana Salazar, quien presentó un escrito por problemas de salud.

Román dice que están tan preocupados, amenazando y “haciendo que el proceso no camine porque quieren proteger la impunidad”. En la Fiscalía existe una investigación previa por el caso Gabela que, según Román, no ha avanzado con la agilidad que se necesita. Él cree que ya existen los elementos suficientes para la formulación de cargos. Pero ese paso ese organismo no ha dado.

En el caso de Ochoa, en julio de 2013, a la urbanización en la que vivía con su familia llegó un vehículo de alta gama a preguntar si es que vivía la familia del comandante Gabela, a quien se refirieron de forma despectiva y con malas palabras.

Además, cuenta que alguien de la extinta Senain le llamó a decir que había una persona que quería hablar con ella y que sabía del asesinato. Pero estaba en la provincia de Santa Elena y quería llevarle hacia allá sola. Ella nunca fue. Aunque denunció a las autoridades de la época, dice que no hubo una investigación.

Ochoa espera que el informe esté listo antes de los tres meses para que el país conozca la verdad. En la última década la viuda de Gabela ha tenido que tomar precauciones por su seguridad. Pero las últimas amenazas ya no le extrañan.