Palabras mayores en la Comisión de Fiscalización durante el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. “Fraude electoral”, dijo con todas sus letras el consejero Luis Verdesoto, y aportó una carpeta gorda de documentos probatorios. Su colega Enrique Pita, vicepresidente de ese organismo, no pronunció esas palabras, pero sí aseguró que “se adulteraron los resultados en el recuento de actas” y que hubo “actos deliberados” para favorecer a unos candidatos y perjudicar a otros. Todos los vocales del CNE comparecieron el martes. Fue una sesión maratónica que se prolongó hasta casi las diez de la noche y en la que se reprodujo el abismo que separa al Pleno de ese organismo: de un lado, Pita y Verdesoto; de otro, Esthela Acero y José Cabrera, que con Atamaint integran la mayoría, pero parecían menos preocupados por cubrirle las espaldas que por salvar las suyas.

Pita y Verdesoto ratificaron las cuatro acusaciones del juicio político: que se cometieron irregularidades en los escrutinios de la provincia de Los Ríos; que se bloqueó de manera ilegítima la consulta popular sobre el Yasuní, violándose los derechos de participación de quienes firmaron en su respaldo; que se protegió al traficante de influencias Luis Loyo, pese a conocerse sus antecedentes penales; que se privó a las organizaciones políticas de su derecho de auditar las elecciones. De todo ello responsabilizaron a Diana Atamaint como máxima autoridad electoral.

Según ambos consejeros, fue la falta de auditorías lo que permitió que se perpetrara el fraude. Con actas probaron sus denuncias. Actas que, por ejemplo, no tienen firmas de responsabilidad, como ocurre en 2.480 de las 3.188 recontadas en la provincia de Guayas. Actas en las que el número de votos cambió después del reconteo. Mesas donde 49 votos se convertían en 111; o los 64 a favor de una candidata disminuían a 1 mientras los nulos aumentaban de 52 a 122; o 208 personas votaban para la Alcaldía y solo 54 para la Prefectura, a pesar de que la diferencia máxima permitida es del uno por ciento. Verdesoto explicó que estas alteraciones no tenían por objetivo beneficiar a un partido específico: “Se trata de un acto vandálico. Son pillos que vendían estos servicios, especialmente en las comunidades pequeñas”. Es decir: era un negocio. Los casos descubiertos son centenas.

En cuanto al caso Loyo, volvieron a ponerse sobre la mesa los oficios que Pita y Verdesoto enviaron a Diana Atamaint, advirtiéndole sobre sus conductas ilegales y sus antecedentes penales. Un certificado de gestión documental del CNE muestra cómo esos oficios fueron enviados al archivo de inmediato. Verdesoto propuso una línea de investigación: seguir la pista de los funcionarios que, el día en que Loyo cayó preso, fueron cesados junto con él por la presidenta: “Ahí tenemos -dijo- una cierta idea de por dónde va la red del tráfico de influencias”.

Los consejeros de la mayoría, Esthela Acero y José Cabrera, no hicieron mayor esfuerzo por desvirtuar estas acusaciones. Acero se limitó a leer, con bastante dificultad, un enrevesado texto a todas luces escrito por su abogado, en el que la jerga jurídica se acumulaba hasta lo incomprensible. Su estrategia: agarrarse con brazos y piernas al artículo de la Ley de Elecciones, que establece cuáles son las funciones de los vocales del Consejo y asegurar que no se apartó un milímetro de ellas. Y negarse a responder cualquier pregunta sobre Loyo, a quien ella llevó a trabajar al CNE.

La comparecencia de Cabrera fue mejor articulada. Él sorprendió con argumentos inesperados. Por ejemplo: que se incumplió con la obligación legal de convocar a las organizaciones políticas para auditar el proceso electoral porque el reglamento de auditorías (que sigue vigente) era muy malo. O que la presidenta sí actuó cuando recibió las denuncias contra Loyo. ¿Qué hizo? “Consultó a Talento Humano”. Y claro, le dijeron que no había ningún problema.

Tener mayoría no sale gratis

Aunque durante la sesión se habló de “fraude electoral”, la palabra que más escandalizó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización fue otra: “reparto”. Enrique Pita explicó cuántas coordinaciones, direcciones y secretarías le fueron entregadas a cada consejero. “Diana Atamaint permitió eso -dijo-, y no es gratis. Tener una mayoría se paga gestionando y ubicando gente, como Loyo”.