No llegaron. La convocatoria para que las autoridades de las diferentes Funciones del Estado rindan cuentas ante la Asamblea Nacional tuvo poca acogida. Fue tan poca la importancia que le dieron al tema, que ni el anfitrión estuvo presente en la sesión.

El presidente de la Legislatura, César Litardo, que desde la semana pasada se encuentra de viaje por el Medio Oriente, convocó a la rendición de cuentas de las autoridades de conformidad con lo que determina el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al llamado solo respondieron dos funcionarios: el defensor Público, Ángel Torres, y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera. Las presidentas del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y, del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, se excusaron de asistir.

Las demás autoridades no se hicieron presentes, ni tampoco se leyó, por parte de la secretaria de la Asamblea, alguna excusa para no asistir a la sesión. Ante esto, el primer vicepresidente de la Legislatura, César Solórzano, decidió suspender la sesión sin fecha para su reanudación.

Los asambleístas tenían la expectativa de escuchar las ponencias que hicieran el contralor general del Estado, Pablo Celi, que además, es el actual presidente de la Función de Transparencia. Se esperaba que hable de la quema del edificio de la Contraloría durante las manifestaciones de octubre del 2019 convocadas por las organizaciones sociales e indígenas en contra de las medidas económicas dictadas por el Gobierno el 1 de octubre del mismo año.

A quien también se esperaba era a la fiscal de la Nación, Diana Salazar, para que informe cómo avanzan los procesos que tiene a su cargo, considerando que entre estos están varias denuncias en contra de exfuncionarios del Gobierno anterior, incluido el exmandatario Rafael Correa, sobre presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, una de las comparecencias que más se esperaba era la de la titular del CNE, Diana Atamaint, quien al momento enfrenta una solicitud de juicio político en su contra acusada de incumplimiento de funciones por los asambleístas de CREO, Jeaninne Cruz y Fernando Flores. Legisladores de las diferentes bancadas consideraban que la rendición de cuentas serviría para saber el trabajo que ha realizado al frente del organismo electoral.

Nada de esto se dio y los asambleístas tuvieron que conformarse con escuchar al defensor público y al presidente del TCE, quienes hicieron un balance de su gestión, y coincidieron en que el recorte en los presupuestos están afectando al normal desenvolvimiento de cada institución.

Ángel Torres, tras hacer un repaso de lo que hizo durante el 2019, como la atención a 278.349 solicitudes ciudadanas -relacionadas con patrocinio, asesoría y mediaciones- aseguró que la institución cuenta con 733 defensores, pero la necesidad es de 876. También dijo que les hace falta infraestructura. Sin embargo, gracias a la realización de convenios se pudo atender a los usuarios y cumplir con su labor. “Los 33 millones de dólares asignados es insuficiente para cumplir con las demandas ciudadanas”, aseveró el defensor.

El titular del TCE, Arturo Cabrera, no se quedó atrás. El funcionario denunció la reducción del presupuesto para este año. Afirmó que durante el 2019 al TCE se le mermó el 30 % del presupuesto, y que lo mismo se repite para este año.

Dijo que del presupuesto global para este año de los 3’351.000 dólares se les ha entregado 3’074.000 dólares, y el monto que se solicitó al Ministerio de Finanzas para cubrir el año fiscal es de 4’407.702 dólares, por lo que el déficit que tiene la institución supera el millón de dólares, lo que está poniendo en riesgo, afirmó, que no se pueda ni siquiera poder citar a los actores involucrados con las causas que se presenten ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Nuevo prosecretario

Desde el pasado martes, la Asamblea tiene un nuevo prosecretario encargado, Rubio Javier, quien es el tercero entre diciembre y enero. Rubio reemplaza a René Zambrano, quien fue nombrado por ocho días, en reemplazo de John de Mora, quien renuncio tras las equivocaciones en la aprobación de la Ley Tributaria. Rubio fue exprosecretario del Congreso durante la presidencia de José Cordero.