Por falta de espacio se retrasa juicio por los pases

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Por falta de espacio se retrasa juicio por los pases

“Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ahora van a saber la verdad”. Fue la sentencia de Alexis Cifuentes, el principal sospechoso de liderar una red de presunta venta ilegal de pases en la Policía, tras salir de la Corte de Pichincha, ayer.

Diligencia. Alexis Cifuentes (d) es señalado por la Fiscalía como el presunto líder de la venta ilegal de pases.

“Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ahora van a saber la verdad”. Fue la sentencia de Alexis Cifuentes, el principal sospechoso de liderar una red de presunta venta ilegal de pases en la Policía, tras salir de la Corte de Pichincha, ayer.

El teniente y otras 15 personas, incluida su madre y el excomandante de la Policía, Fausto Tamayo, fueron llamados a juicio por presunta delincuencia organizada.

Son señalados por integrar una red que vendió cerca de 2.000 pases policiales que movió alrededor de seis millones de dólares.

Ayer debía iniciar el juzgamiento. La diligencia fue convocada a mediados de agosto y debía instalarse a las 08:30. Pero hubo inconvenientes.

La sala de audiencias escogida para la diligencia era pequeña. Los asientos no alcanzaron para más de medio centenar de persona entre procesados, abogados y personal de la Fiscalía.

El caos se repitió en los pasillos, en las salas destinadas a los alrededor de 500 testigos y en las gradas de los cuatro pisos del edificio.

Primero fue el general Pablo Aguirre quien demandó una explicación. Él defendía a los policías citados como testigos y sin saber quién los había convocado.

El personal de la Judicatura pedía paciencia, apeló a la calma, pero no disminuyó el malestar, por lo que denominaron ‘falta de organización’.

En la sala de audiencias se colocaron más sillas y escritorios, pero tampoco fueron suficientes. Los defensores Julio Sarango, Ricardo Vaca, Edwin Romero y José Moreno protestaron por las condiciones en las que se trataba de administrar justicia. “Fue negligencia del Consejo de la Judicatura”, dijo Sarango. Explicó que la tarea de los abogados es garantizar el derecho a la defensa de las personas. La fiscal Thania Moreno se sumó a las quejas por la incomodidad.

Después de casi media hora de escuchar los argumentos de las partes, la jueza ponente Maritza Romero anunció que la audiencia no podía instalarse.

Hubo el compromiso de gestionar un espacio en la Corte Nacional para reinstalar la diligencia. La nueva fecha del juicio dependerá de la disponibilidad en esa judicatura.

Afuera de la Corte hubo un plantón de los familiares de los procesados: ellos defendieron su inocencia. MCV