Falta de documentacion y tiempo en test a jueces

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Falta de documentacion y tiempo en test a jueces

Los miembros del Comité de Apoyo no recibieron los insumos suficientes para el trabajo. Dejan recomendaciones al Consejo.

Examen. La jueza Daniella Camacho durante su asistencia a defender de forma oral una de sus sentencias.

Hasta el jueves se conocerá la lista definitiva de jueces y conjueces de la Corte Nacional que superaron la evaluación impulsada por el Consejo de la Judicatura.

El pleno resolverá los pedidos de reconsideración de más de una docena de evaluados.

Por el momento, siete jueces y cinco conjueces que obtuvieron más de 80 puntos sobre 100 siguen en la Corte. Ellos son los jueces Paulina Aguirre, Iván Saquicela, Marco Rodríguez, Katerine Muñoz, Daniella Camacho, Consuelo Heredia y Álvaro Ojeda, y los conjueces Patricio Secaira, Roberto Guzmán, Iván Larco, Alejandro Arteaga y David Jacho.

Para los 13 miembros del Comité de Apoyo a la evaluación de jueces no fue fácil la tarea. La falta de tiempo y de documentos fueron dos de las limitantes. Ellos emitieron un informe en donde explican las actividades que cumplieron y hacen recomendaciones.

Más de una novedad encontraron, señala Víctor Granda, uno de los miembros del Comité. Por ejemplo, se puso en consideración de ellos algunos documentos e informes, pero otros no llegaron a conocer.

¿La razón? O no existen o no presentaron los organismos competentes. Cita el informe de Contraloría del examen especial al ingreso de jueces y conjueces en 2011, 2014, 2017.

Explica que ese fue un examen al desempeño de quienes estuvieron al frente del Consejo como Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, exsecretario particular del expresidente Correa.

En el documento se examina la gestión de la Judicatura, pero no responsabilidades de jueces y conjueces. “No estábamos evaluando al Consejo, sino a jueces y conjueces”, dice. Si es que hubo irregularidades no solo las cometieron quienes estaban al frente, sino los involucrados que tal vez no aportaron los documentos correctos para su nominación o entregaron información no idónea que podría incluso calificarse de falsa y que determinó la selección para los cargos, dice.

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Reitera que el informe narra hechos, pero no señala nombres y apellidos, sino inicio del número de cédula y final.

Tampoco la Judicatura les brindó los datos porque ese organismo tiene problemas con la información del anterior Consejo. La información de los concursos o ha desaparecido o está encriptada y quienes dirigían el ente no exigieron a los que salieron las claves.

Sobre el informe de Contraloría, señalan que debe pedirse que establezcan las responsabilidades para establecer quiénes se beneficiaron de las supuestas irregularidades.

El informe del Consejo de Participación transitorio fue otro insumo. Ese ente habló de varias de las designaciones hechas “por favoritismos políticos o que no cumplieron formalidades legales”. Se habla de cercanos a Jalkh o que ejercían alguna función directiva se aseguraron un cargo en la Corte.

Jalkh dijo que le sorprende que digan que no está disponible la información. Añade que la documentación debe reposar en las respectivas direcciones responsables de su archivo y custodia.

Sobre las renovaciones parciales por tercios de la Corte de 2014 y 2017, insiste en que los procesos fueron públicos, sujetos a escrutiño público, impugnación ciudadana y con la intervención de un Comité de Académicos independientes.

De al menos una docena de nombres de cercanos o directivos del Consejo escogidos como jueces afirma que muchos ya trabajaban en la Función antes de su llegada y que no tenían impedimento para concursar, no fueron impugnados y al no existir causal ganaron el concurso en condiciones de igualdad. La Judicatura ha ofrecido hacer público el informe del Comité de Apoyo con los resultados de las reconsideraciones.