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Fallo del TSJ regula debates de Asamblea

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia la noche del viernes que suspende varios artículos del reglamento de funcionamiento del Parlamento (dominado por la oposición) y que, a juicio de expertos, es una intervención del

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia la noche del viernes que suspende varios artículos del reglamento de funcionamiento del Parlamento (dominado por la oposición) y que, a juicio de expertos, es una intervención del Legislativo.

“Dando expresa respuesta a la solicitud de los accionantes”, la Sala Constitucional del TSJ suspendió un puñado de artículos del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), que fueron dictados cuando el chavismo dominaba el Congreso.

“Los accionantes” fueron varios diputados de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya demanda fue presentada ante la Sala Constitucional una decena de veces entre 2011 y 2012.

Los artículos suspendidos el viernes se refieren a la capacidad para debatir sobre el levantamiento de la inmunidad de los diputados, y a las potestades de la junta directiva (de oposición al chavismo) para dirigir los debates, la duración de las intervenciones de los legisladores o los puntos a tratar en las sesiones del Congreso.

Para el abogado constitucionalista Juan Raffalli, esta nueva decisión del TSJ contra la Asamblea significa que “el Poder Legislativo está intervenido por el Poder Judicial”.

El TSJ publicó el viernes, además, una medida cautelar que establece varias condiciones para que la AN pueda elaborar las leyes, como “la incorporación (a nivel nacional) de la consulta popular obligatoria”.

También, el Legislativo debe solicitar la autorización del Ejecutivo para los proyectos de ley “a los fines de determinar su viabilidad económica”.

La Sala Constitucional, vista como “bufete jurídico del Gobierno” por la oposición, ha dictado varias sentencias que impiden a la AN controlar la actuación de varios poderes públicos, legislar y controlar el funcionamiento del Banco Central, y dictar una amnistía para presos políticos.

El también constitucionalista José Ignacio Hernández considera que “el procedimiento para aprobación de leyes será notablemente retrasado”.

“En la medida en que la AN genere leyes, crecerá el número de sentencias (del TSJ) en su contra”, advierte Raffalli, un aspecto que dejaría en evidencia el conflicto de poderes.

La oposición aprobó una Ley de Referendo que norma una consulta para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Aunado a esto se elabora una enmienda constitucional que reduciría de seis a cuatro años el mandato de Maduro.

OEA espera pedido opositor

La Organización de Estados Americanos (OEA) aguarda que la oposición venezolana presente la solicitud para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, algo que solo se hizo en el golpe de Estado en Honduras, de 2009.

Esa solicitud podría llegar la próxima semana y se espera que el secretario general del organismo, Luis Almagro, la presente a debate en el Consejo Permanente, según fuentes diplomáticas consultadas. El debate de fondo sería determinar si en Venezuela se ha producido una “alteración del orden constitucional”.

“Venezuela ha contravenido principios básicos establecidos en la Carta Democrática, como por ejemplo que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen ‘la separación e independencia de los poderes públicos’”, considera José Miguel Vivanco, director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW).