cuando la inseguridad se hace cotidiana, la paz y la vida ciudadana peligran debido a que gobiernan y dominan la delincuencia, el sicariato y el robo, que andan libremente por calles y plazas. Por ello se está ante eventos de continuo peligro. Esto hace evidente que el Estado no cumple (o lo hace a medias y de manera irregular) aquello que manda la Constitución: proteger la vida de los ciudadanos y garantizar su seguridad.

No se requiere ser jurista para constatar que esta importante tarea y obligación del Estado no se está cumpliendo. Los ciudadanos, cada vez con mayor frecuencia, enfrentan continuas y peores situaciones de inseguridad. Las encuestas y los índices demuestran cuánto la sociedad está expuesta a constante peligro.

Como señala la Constitución en su artículo tercero: “Son deberes primordiales del Estado” otorgar garantías y seguridades para que los integrantes de la sociedad ecuatoriana puedan realizar con libertad sus diferentes actividades. Precisamente, el numeral 8 de este artículo dice que es deber del Estado “garantizar a sus habitantes el derecho de una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

También el 10 señala esta función y tarea; igualmente el 11, sobre todo el numeral 1 que dice: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”. Del mismo modo consta en el 3, 4, 7 y 8.

Estos señalamientos resultan importantes porque la mayor de las demandas ciudadanas, en las diferentes ciudades y campos del Ecuador, es que se atienda su seguridad.

Empresas, comercios, camaroneras, exportadores, importadores, tenderos, vendedores ambulantes, “malls”, bazares y el transeúnte común, son asaltados y amenazados cotidianamente por la creciente inseguridad del país.

Ante estos hechos y sus evidencias es preciso y urgente que el Estado ecuatoriano -especialmente sus autoridades y organismos responsables- haga lo que la máxima ley manda, pues los ciudadanos tienen derecho a exigir que ese mandato se cumpla. Por eso, más allá de los asaltos, robos, microtráfico, sicariatos, amenazas, lo que se da es un incumplimiento de aquello que determina la Constitución. Y es justamente ese cumplimiento lo que requiere la ciudadanía.